(Archivo El Comercio)
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Álvaro Espinoza

El presidente anunció que buscará titular todos los terrenos urbanos ocupados irregularmente hasta el año 2014. Esto tiene dos nefastas consecuencias inmediatas. Por un lado, se confirma una vez más que la política real de vivienda popular estatal de los últimos 70 años consiste en permitir la ocupación informal/ilegal de tierras y luego titularlas y proveerlas de infraestructura y servicios básicos. Por otro lado, esta constatación valida las promesas que hacen los traficantes de tierra a sus clientes: que el terreno eventualmente tendrá título y servicios y, por tanto, vale más de lo que parece. Hoy los traficantes pueden vender ‘sus’ terrenos a un mayor precio.