Propuestas para una Mesa por la Cordura

El presidente Pedro Castillo anunció que presentará un proyecto de ley para reformar totalmente la Constitución de 1993 a través de una asamblea constituyente. Y que, vía referéndum, se consulte a la población si está de acuerdo o no con tal propuesta en las próximas elecciones regionales y municipales.

De la mano de su socio (que nunca fue “portero”) Vladimir Cerrón, arrincona al Congreso y al grueso de ciudadanos que no consideran prioritarios cambios constitucionales totales, sino parciales. Culpa a la Carta Política de su desgobierno, aprovechando las grietas que ésta presenta en el funcionamiento del Estado, profundizadas en el último quinquenio: no hay diques constitucionales que eviten que un condenado por corrupción dirija un partido oficialista o que rehabilitados por dichos delitos postulen a cargos públicos o estando juzgados por el Poder Judicial, lleguen a ejercer la presidencia de la República; o que se vaque a un presidente en una semana o se disuelva el Congreso fácticamente; o que los grupos políticos se repartan las sillas del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo o la Contraloría, con seudos y falsos concursos, por citar algunos graves defectos.

Hace 15 días, Alberto Vergara planteó una “mesa por la cordura”. Y el ex presidente Francisco Sagasti propuso adelantar elecciones con reformas mínimas.

De acuerdo. Para salvar la democracia, toca a los ciudadanos organizarnos. Porque si algo debiera consultársenos es si queremos que se vayan todos, pero con algunos cambios constitucionales estructurales de por medio.

¿Cuál podría ser el menú desde la cordura para esa mesa?

Con base a un acuerdo de Directorio del Instituto Pro Democracia –del cual soy parte–preparamos una propuesta de cambios parciales de la Constitución en siete temas eje, más el recorte del mandato presidencial y congresal para dar lugar a nuevas elecciones.

Para la buena gobernanza, planteamos la exigencia de idoneidad técnica y moral para acceder y permanecer en el ejercicio de la función pública. Para ello, SERVIR debe ser un órgano constitucional autónomo. Y sentar las bases de una carrera pública, en serio, en todos los niveles de gobierno, sin excepción. En la lucha contra la corrupción, requerimos medidas radicales y disruptivas: ninguna persona condenada por delitos de corrupción y alta criminalidad, así esté rehabilitada, puede postular a cargos públicos, participar en partidos políticos (o financiarlos), ni trabajar en –o contratar con– el Estado.

Con base a estos ejes, ajustamos las reglas del juicio y el antejuicio político, dándole exclusividad a la Fiscalía de la Nación para que, por delitos de altos funcionarios del Estado, solo ella acuse, pero dotando al procedimiento parlamentario de mejores garantías. Proponemos, también, reformar el actual artículo 117 de la Constitución sobre inmunidad de acusación del presidente durante su mandato, clarificando en qué situaciones es aplicable y sus consecuencias. Y eliminamos la vacancia por “permanente incapacidad moral”, reemplazándola por “permanente discapacidad física o mental”.

Planteamos mejorar las reglas de sucesión presidencial para cortar la ambición de tomar el Ejecutivo por quienes comanden el Congreso. Y que la segunda vuelta de la elección presidencial sea entre los dos con mayor votación, si ambos, juntos, superan el 30% de los votos emitidos. De lo contrario, se disputa entre los cuatro primeros.

Proponemos que el congreso se elija en la segunda vuelta, renovándose por mitades a mitad de mandato, eliminando la disolución parlamentaria y la prohibición de reelección inmediata. Planteamos la renuncia al cargo de congresista y específicas reglas anti-transfuguismo, así como mejoras a la moción de censura y la cuestión de confianza.

Finalmente, separamos los procesos de selección de los de elección de jueces del TC, Defensor del Pueblo, Contralor General y miembros del JNE. En los 3 primeros, la selección no puede estar en manos del Congreso.

Nuestra propuesta (versión para celular) es un insumo para la discusión, pero, sobre todo, para la acción; para mejorarla, si es el caso, de modo que, apoyada por más de 75 mil firmas, se presente al Congreso y se pida su aprobación, en el marco de la Ley 26300.

Nuestro país necesita, hoy, de todos los ciudadanos de buena voluntad.