¿Puede el Congreso conducir la política monetaria?, por Manuel Monteagudo

Más allá de las consideraciones de orden económico y financiero expuestas por las autoridades de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central, en relación a los efectos de una moratoria indiscriminada sobre la estabilidad del sistema financiero, la imposición del Congreso –a través de una ley ordinaria– de un criterio de política monetaria para el Banco Central (como es el habilitarlo para asignar prioritariamente cerca de 15 mil millones de soles a un segmento de empresas), quiebra una de las columnas básicas de nuestra Constitución económica. ¿Por qué? Simplemente porque nuestro sistema constitucional establece una distribución de competencias, en las que la conducción de la política monetaria es una competencia exclusiva del Banco Central. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo conducen, instruyen o corrigen la política monetaria del Banco Central. Lo que bajo ninguna circunstancia lo exonera de la acción de la justicia a través de procedimientos ordinarios, contencioso-administrativos, constitucionales o de acciones de fiscalización.

El artículo 84 de la Constitución consagra la “autonomía” del Banco Central “dentro del marco de su Ley Orgánica” que, como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional, forma parte de su propio “bloque de constitucionalidad.” La misma norma le prohíbe conceder financiamiento al Tesoro Público y el artículo 86 establece que esta institución es gobernada por su directorio. Este régimen de autonomía, consagrado en muchas regiones del mundo, como la Unión Europea, busca asegurar que el poder de emisión se ejerza de manera neutral y no sea sometido a los naturales vaivenes de la política, pero sobre todo para garantizar a los individuos y a la sociedad en su conjunto la ausencia de inflación (el artículo 84 de nuestra Constitución establece que la finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria). La estabilidad monetaria es un “bien público” reconocido a nivel internacional y que forma parte de una cultura constitucional en la que la autoridad cumple una función garantista, tal y como ocurre con la protección de los derechos fundamentales.

El programa Reactiva permite a las instituciones financieras otorgar créditos a sus clientes con una garantía adicional a sus mecanismos ordinarios, que es precisamente la garantía del Gobierno nacional, logrando una “mejora” de sus activos. De este modo, la tenencia de estos activos “mejorados” le permitirá a las mismas instituciones acceder a las facilidades de liquidez del Banco Central, que por ley orgánica solo adquiere títulos “de primera calidad”. Pero tales facilidades son el resultado de subastas entre las instituciones que compiten por ofrecer las menores tasas de interés que serán transferidas a sus clientes. Se trata de un mecanismo neutral que viene dando resultados positivos y sin que la autoridad monetaria asigne discrecionalmente recursos a un sector económico en particular. De hecho, la ley orgánica contiene diversas normas antidiscriminatorias, que proscriben asignar liquidez para promover alguna actividad económica, imponer coeficientes sectoriales o tipos de cambio múltiples (artículos 81 y 83).

Por muy buena que sea la intención del legislador con su proyecto, no es justo desestructurar un sistema constitucional que, atribuyendo competencias a unos y otros órganos, nos protege a todos los ciudadanos.