¿Pueden las AFP ayudarnos a mitigar el COVID-19?

Frente a la propagación del COVID-19, las autoridades peruanas han formulado un sólido plan de contención y reactivación, equivalente a 12% del PBI. Sin embargo, la duración y dimensión de esta crisis es aún incierta y los recursos del Tesoro Público no son ilimitados. En este contexto, optimizar el uso de los recursos para evitar que la población más vulnerable se vea excesivamente afectada resulta prioritario para que el Perú retome con firmeza el rumbo del desarrollo.

Bajo esta premisa, la ley aprobada por el Congreso para permitir que los pensionistas puedan retirar hasta el 25% de sus fondos, aunque bienintencionada, no protege a las personas que más lo necesitan y podría generar un daño considerable a la economía.

Primero, la autógrafa beneficia en mayor medida a las personas con ingresos más altos que trabajan en la economía formal. Un buen número de ellas puede enfrentar la crisis con sus ahorros y con el retiro permitido de sus CTS. En contraparte, las personas más afectadas (trabajadores informales, personas jóvenes, migrantes y refugiados) disponen con pocos fondos de jubilación o ninguno.

Segundo, la medida implicaría una reducción en la demanda de bonos soberanos. Ello limitaría a su vez las posibilidades financieras del Gobierno, justo cuando son más necesarias para seguir brindando las transferencias extraordinarias a la población pobre y vulnerable.

Tercero, este retiro supondría que los pensionistas se desprendan de sus activos en el fondo de pensiones en el momento menos favorable. Cuando las bolsas de valores caen en picada, sucede lo mismo con el valor de los fondos que han invertido en ellas. Retirar los fondos en esta coyuntura significaría inducir a los pensionistas a reconocer una pérdida cercana a los S/4 mil millones, correspondiente a la caída en el valor de aquella fracción del fondo que sería retirada. Más aún, la reducción de las cuentas conllevará inevitablemente pensiones más bajas.

Finalmente, de darse el retiro del 25% de los fondos de pensiones de las AFP (equivalente a S/30 mil millones o 4% del PBI) y la consiguiente venta de activos, se ocasionaría un impacto negativo en el mercado de valores y la disponibilidad de capital para las empresas. Ello generaría un mayor perjuicio a la economía, con consecuencias negativas sobre la creación de empleo.

Es cierto que el sistema de pensiones tiene un amplio margen de mejora en asuntos claves, como transparencia, integración, costos y cobertura. Las comisiones que cobran las AFP son elevadas y hay una amplia desconfianza en el sistema, pues existe la percepción de que no operan pensando en el bienestar de sus afiliados. Como ha anunciado el Gobierno, una reforma integral de los sistemas privado y público de pensiones es urgente y debería iniciarse tan pronto como la crisis termine. No obstante, hoy se pueden tomar algunas medidas que complementen las políticas que se han venido adoptando para mitigar el impacto del COVID-19.

Desde el Banco Mundial, ofrecemos dos recomendaciones para apoyar la respuesta a la crisis, haciendo un uso responsable de los recursos del sistema privado de pensiones. La primera es que el fondo de pensiones apoye condiciones favorables de financiamiento para el Gobierno mediante el incremento temporal de su tenencia de bonos del tesoro. Ello crearía mayor capacidad fiscal para programas sociales bien enfocados. La segunda es que los fondos de pensiones redirijan parte de sus inversiones hacia el financiamiento de las pymes. Con ello, apoyarían la sostenibilidad de aquellas empresas con mayor intensidad en el uso de fuerza laboral y que se han visto más afectadas por la crisis. Esto podría implementarse en complemento al programa Reactiva Perú, a través de la adquisición de carteras de créditos respaldadas con garantías del Tesoro, lo que permitirá la reinyección de liquidez al sistema financiero. Frenar la propagación del COVID-19, proteger a las personas y recuperar sus medios de vida es urgente. Para hacerlo se requiere una economía saludable que permita al país continuar por la senda del desarrollo.