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Cuando mi hijo tenía 18 meses, me informé y visité diversos nidos para ver en cuál matricularlo. Me convenció uno que cuando lo visité justo celebraba el día del Señor de los Milagros, con andas dibujadas por los niños y procesión en el patio. Mi conversación con la directora y su vocación de enseñar –que transmitía con la mirada, el trato a los niños y a los profesores–, terminaron por confirmar que ya había encontrado el nido para mis hijos.
Algo similar me pasó cuando mi hijo tuvo que pasar al colegio. Fue la propuesta educativa, una visita al colegio y la conversación con la directora, lo que nos llevó a optar por la entidad que nos viene acompañando varios años.
Y es que cuando uno busca una entidad educativa para sus hijos, lo hace pensando en cuál podrá acompañarnos mejor en la compleja tarea de formarlos como personas con valores, independientes, que quieran a su país, y también obtengan los conocimientos y aptitudes necesarios para un ejercicio ciudadano y profesional. Así, uno evalúa el compromiso de sus promotores y directivos, los valores que viven en el día a día escolar y la propuesta educativa que impulsan.
Lamentablemente, todo ello se vería seriamente limitado de aprobarse los proyectos de ley de la Comisión de Educación y la de Protección al Consumidor del Congreso de la República, que someten a las entidades educativas privadas a la injerencia de diversas entidades y les imponen exoneraciones, descuentos y reservas de matrículas, poniendo en riesgo su viabilidad institucional y financiera. Ello a pesar de las opiniones en contra del Ministerio de Educación e Indecopi.
Al respecto, se dispone que ya no serán los promotores y directivos del colegio quienes definirán la política educativa y la organización del colegio, sino que serán las Asociaciones de Padres de Familia-Apafa. Mi elección como madre fue por la propuesta educativa de los directivos de las entidades, no por lo que eventualmente defina la Apafa. Valoremos los estudios, años de experiencia y vocación de enseñanza de los directivos, y mantengamos la viabilidad institucional de los colegios dejando que sean éstos los que definan su propuesta educativa.
En cuanto a la viabilidad financiera, no podemos imponer exoneraciones, descuentos y reservas de matrículas que podrían llevar a la quiebra a las entidades. La mayoría ya aplicó descuentos y becas, buscando servir mejor en medio de esta pandemia y a la vez poder cumplir con el pago a sus docentes y otras obligaciones.
Tampoco tiene sentido establecerles obligaciones adicionales de generar informes financieros y ser fiscalizadas por Indecopi –además de Sunat-, por cuanto distraerá a los directivos de su función principal, que es educar. Que puedan seguir educando y no llenando reportes y atendiendo instituciones fiscalizadoras.
Se da el caso de entidades educativas cuyos servicios y decisiones en medio de esta pandemia no nos parecen adecuadas, en cuyo caso como padres podemos “emitir nuestro voto” trasladando a nuestros hijos a otra entidad y dándolo a conocer para que otros padres de familia lo tengan en cuenta al elegir una opción.
No atentemos contra las entidades educativas que han sido elegidas por las familias para educar a 3,5 millones de estudiantes. Preservemos lo logrado en calidad educativa e impulsemos que se pueda avanzar cada vez más.
