Que no sea en vano

Un informe del Barómetro de las Américas, por encargo del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), con data del 2021, indica que el Perú ocupa el primer lugar en percepción de corrupción en la política (88%). Brasil (79%) nos escolta; mientras que Colombia se ubica en el tercer escalafón (77%).

Me llama mucho la atención que ni México, ni Argentina, ni Venezuela estén en el top 9 del estudio. Alguna razón, quizá metodológica, debe existir, pero lo cierto es que lideramos este ránking de la vergüenza. Peor si es que caemos en cuenta de que, si el mismo estudio se realizara hoy, con seguridad nos estaríamos consolidando en la punta.

Es más que interesante ligar este reporte con la próxima visita de la OEA al país, tras el S.O.S político activado por los asesores del Gobierno para regalarle un poco de oxígeno al presidente Pedro Castillo y sus aliados.

Voceros oficiales y oficiosos del régimen, otros que pugnan por llevarse la condecoración “San Martín de Porres” y hasta algún optimista empedernido ha ratificado que la delegación de cancilleres debe abrir una “alternativa de diálogo” entre las partes en conflicto.

Tal enfoque pretende vender un autoengaño, por decir lo menos. Básicamente, porque lo que se considera “conflicto” es expresión de una crisis política que arrastramos desde el 2016 en adelante. Y porque la arquitectura constitucional e institucional para ubicar alternativas de solución ha implosionado hasta este callejón sin salida.

Aquí nadie le ha dado un golpe a nadie ni hay en ruta ninguno. Hay un presidente en ejercicio que, con la ayuda de un entorno corrupto, vendría delinquiendo a vista y paciencia de todos. Una Fiscalía de la Nación que cumple el rol que le compete, al igual que los jueces. Una prensa que –pese a las limitaciones y los agravios del Gobierno– hace lo que tiene que hacer. Y una oposición congresal que, pese a su insistencia –hasta el momento mal enfocada–, no logra una mayoría suficiente para sacar de la presidencia a Castillo dentro del marco constitucional, precisamente por el blindaje corrupto de varios legisladores.

Entonces, ¿de qué diálogo hablamos? ¿Cuál es el fin?

Pero, ya que la misión de la OEA está en camino, sí hay algo en lo que nos puede ayudar: dejar ese terrible primer lugar del ránking referido. Más que levantar información de parte sobre esta crisis, los cancilleres pueden preguntar qué compromiso, qué políticas, que métricas de evaluación tiene cada entidad con la que se va a reunir en materia anticorrupción.

Así el viaje no será en vano. Señores de la OEA, ¿qué tal si nos ayudan con eso?