“Pensar que Petro-Perú se privatizará en el corto plazo es poco realista”.
Lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que tenemos un gran problema con Petro-Perú. Es importante que tanto dentro como fuera de la empresa los peruanos nos demos cuenta de que la situación actual no da para más y que urge corregirla. Y empiezo con esto, que parece obvio, porque dentro de la empresa la mayoría no es consciente del enorme costo que implica que Petro-Perú se maneje con el gobierno corporativo existente y con la falta de transparencia que se deriva de él. La gerencia se guía por sus intereses de corto plazo y no por las necesidades de todos nosotros, los verdaderos accionistas de la empresa, a los que deberían rendir cuentas, pero a quienes ignoran totalmente.
Fuera de la empresa, la mayoría de los peruanos no es consciente de que la calidad de los servicios de salud y seguridad ciudadana es deficiente debido, entre otras razones, a la inadecuada asignación de los recursos del Estado: en vez de asignar los escasos recursos fiscales a mejorar la calidad de vida de los peruanos, los destinamos a aventuras empresariales –como la refinería de Talara–, manejadas por gestores públicos que no responden a nuestros intereses, sino a los suyos. Es increíble constatar que un alto porcentaje de la población (más de un tercio) quisiera ver una mayor actividad empresarial estatal a pesar de que esta repetidamente ha fracasado en las últimas décadas.
Tomar conciencia del costo que implica Petro-Perú para los peruanos es el primer paso para poder cambiar su estructura actual. Petro-Perú nos cuesta mucho y nos reditúa poco. Desmitifiquemos el tema. ¿Se puede privatizar la empresa en las actuales circunstancias? Difícilmente. El valor de la empresa es nulo o negativo (aun después de la capitalización del año pasado). ¿Qué vamos a vender? Nada. Tenemos que pagar para que se la lleven. Algunos han propuesto que el tesoro se quede con la deuda de la empresa y que luego esta se venda, una forma encubierta de pagar para que se la lleven. Estoy seguro de que el costo de hacer esto es menor que el que la empresa siga operando como lo ha venido haciendo. Pero ¿es posible?
Pensar que Petro-Perú se privatizará en el corto plazo es poco realista. Lo que hay que hacer es optar por el “segundo mejor”: apuntar a incorporar capital y gestión privada en el corto plazo, diseñando los mecanismos legales y societarios que viabilicen esto de manera transparente y blinden a la empresa de la injerencia política. En el interín, exigir transparencia, que el directorio de la empresa rinda cuentas sobre cómo se usaron los recursos que el Estado canalizó a Petro-Perú y explique por qué hoy pide más. También debe hacer públicos los resultados del estudio que estaba obligada a contratar para reestructurar la empresa y mejorar su gobierno corporativo. Que nos informen sobre el progreso alcanzado en la implementación de las recomendaciones. Es hora de transparentar las cosas y de rendir cuentas.
“La iniciativa busca otorgar a Petro-Perú la capacidad de emitir acciones en el mercado de valores sin restricciones”.
En la historia reciente, la experiencia del país con empresas públicas ha sido traumática y hasta hoy parece no llegar a su fin. Queda un gran lastre de aquellas lamentables épocas de nuestra historia llamado Petro-Perú. La aventura del Estado empresario debe tener un freno definitivo, razón por la que he presentado un proyecto de ley que faculta la privatización de la entidad.
La iniciativa busca otorgar a Petro-Perú la capacidad de emitir acciones en el mercado de valores sin restricciones para permitir la inyección de capital privado en su accionariado. A su vez, ello traerá consigo una capacidad gerencial y operativa fortalecida, además de la adopción de prácticas de buen gobierno corporativo de las que hoy tanto carece.
En el 2023, entre préstamos, garantías y aportes de capital, Petro-Perú pretende que le regalemos US$3.200 millones. Solo ese aporte de capital equivale a más de cinco veces Pensión 65 o casi tres veces el presupuesto del programa Qali Warma.
En el ámbito privado, nadie cuida mejor una empresa que sus propios inversionistas y dueños, que han invertido millones de soles en ella. Pero cuando algo es público, realmente es de nadie. Y, como Petro-Perú es “de todos los peruanos” –y sus pérdidas se diluyen entre todos nuestros bolsillos–, los encargados de manejarla tienen nulo incentivo para un buen desempeño.
Por ello, como paso esencial hacia la mejora de la gestión de Petro-Perú, planteo crear una comisión técnica revisora con expertos de diversas instituciones encargada de evaluar exhaustivamente a la empresa con un informe final. Sus recomendaciones, junto a esta revisión holística de la gestión de la empresa, serán fundamentales para hacer que Petro-Perú sea más atractiva a flujos de inversión privada y competitiva en el mercado de valores.
En la actualidad, la norma que rige a la empresa estatal establece un tope de hasta el 49% para el ingreso de inversión privada. Con justa razón, el porcentaje de participación privada es igual a 0. ¿Quién en su sano juicio invertiría bajo las condiciones actuales? Lo que hace la iniciativa presentada es remover esa barrera para que Petro-Perú pueda vender acciones hasta resultar en un accionariado mayoritariamente privado.
En resumen, la privatización de Petro-Perú representa una oportunidad crucial para liberar los recursos de los peruanos y revitalizar la industria de hidrocarburos. La actual situación financiera de la empresa exige medidas audaces –históricamente pospuestas– y una revisión profunda de su estructura organizacional. La inyección de capital privado y la mejora en su gobernanza corporativa son esenciales. De ahora en adelante, el debate debe centrarse en el costo de oportunidad que día a día sufragan los contribuyentes. Es hora de tomar acción y enmendar una omisión histórica para hacer de nuestro Estado uno más eficiente y orientado al desarrollo de todos los peruanos.