La reforma electoral es ahora, por Francisco Távara

En marzo, se comenzó a debatir en el pleno del Congreso la reforma electoral. Se ha aprobado la prohibición de reelección a presidentes y vicepresidentes regionales –hoy gobernadores– y alcaldes. Se ha aprobado la “silla vacía”, con sanciones para los partidos cuyos parlamentarios tengan condena por determinados delitos (tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, lavado de activos por estos delitos). Se ha modificado la regulación de la revocatoria al plantear una única revocatoria en el mandato, que se realiza el segundo domingo de junio del tercer año y eliminar las nuevas elecciones, con el reemplazo por los suplentes si se produce la revocatoria. Se han tomado medidas para evitar el “voto golondrino” (electores que cambian su domicilio para favorecer o perjudicar un candidato).   

Hay quienes están más o menos a favor de estos cambios, pero debemos coincidir que la reforma electoral es necesaria para brindar mejores reglas de juego a nuestro sistema político, a nuestro sistema electoral.

Nosotros, desde el Jurado Nacional de Elecciones, venimos expresando nuestra apuesta por reformas integrales de la legislación electoral desde hace algunos años, concretamente desde el 2011, con la presentación del Proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral. Posteriormente, con el apoyo de ONPE y Reniec, de nuevas leyes que regulen los derechos de participación y control ciudadanos (mayo del 2013) y de partidos políticos (diciembre del 2013). 

¿Cuáles creemos que son los temas centrales que deben abordarse? ¿Cuáles  son los temas prioritarios de la propuesta? Consideramos que hay que debatir cambios estructurales de la legislación electoral, especialmente aquellos encaminados al reforzamiento de los partidos políticos, a consolidar la efectiva realización de su democracia interna (con la participación de JNE, ONPE y Reniec), lo que puede llevarnos a debatir la propuesta –todavía poco consensuada– de eliminar el voto preferencial. También, que se apruebe que los partidos políticos reciban efectivamente dinero del Estado para mantener su funcionamiento, así como una efectiva supervisión de los fondos privados que todo partido político recibe ordinariamente y en el marco de las campañas. Plantear efectivos filtros para agrupaciones con objetivo antidemocrático y que no puedan inscribirse como partido político. 

Debatir cuáles deben ser los impedimentos para ser candidato: el tipo de condenas o restricciones penales (condena en segunda instancia desde nuestra propuesta).

También para dar mayor información al elector ampliar la información obligatoria en la declaración jurada de vida: toda condena (aunque no esté firme o vigente), los procesos penales en trámite;  la declaración de ingresos, bienes y rentas (esta última hoy solo optativa).

De igual modo, los  datos que se deben poner a disposición de los partidos políticos en una central pública de información o “ventanilla única”. Y con esta mayor información que los partidos tengan mayores herramientas para los filtros de sus candidatos.

En suma, el Congreso tiene a la vista diversos temas para incluir en el debate. Esperamos respetuosamente ver cómo se desarrolla, aunque confiando en que el Parlamento sabrá determinar los temas más importantes de cara a mejorar la idoneidad de los candidatos para las elecciones generales 2016, y, sobre todo, para ir recuperando la institucionalidad y fomentar la consolidación democrática de nuestro país.