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La reciente liberación de una banda de extorsionadores por un juez de Huaral nos recuerda la crisis del sistema de justicia. Asimismo, que las leyes son importantes pero no suficientes. Cuando existen controversias se espera que la justicia actúe con rapidez, efectividad y sin corrupción. Lamentablemente, esto aún no sucede. Por ello, una agenda básica de reformas exige contar con buenas leyes, buenos jueces y un eficiente Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que los seleccione y evalúe. Su diseño constitucional de 1993 se aprobó con expectativas pero ha perdido legitimidad. ¿Qué hacer?
Siguiendo a Manuel Atienza, no existe “buen derecho con malos jueces”. Pueden promoverse cambios legales importantes, pero sin jueces idóneos toda reforma puede fracasar. Una de las instituciones centrales para enfrentar este desafío es el CNM, el cual nombra jueces y fiscales, los ratifica cada siete años y puede destituirlos. Dos cambios se vienen planteando: su conformación y sus funciones.
Los consejos de la magistratura aparecen en Europa y se trasladan a América Latina. Marcan la diferencia con el modelo estadounidense donde los jueces son designados por el presidente con la aprobación del Senado. La Constitución de 1993, para garantizar su independencia e imparcialidad, evitó la presencia del Ejecutivo y del Congreso en la conformación del CNM. Lo integran siete miembros elegidos por un período de cinco años por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, las universidades nacionales y particulares, los colegios de abogados y los demás colegios profesionales. Este modelo no ha tenido los resultados esperados.
En la experiencia comparada, recuerda Néstor Sagüés, existen consejos integrados mayoritariamente por jueces y aquellos que tienen una composición plural. También varía el número de sus integrantes. En el Perú, la Comisión de Reforma Constitucional del Poder Judicial (1993) y el Colegio de Abogados de Lima propusieron una conformación del CNM distinta a la Carta de 1979, que inspiró la ponencia de la mayoría fujimorista cuando se elaboró la Constitución de 1993. En un momento pretendieron retroceder –sin éxito– a una elección del CNM por el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema (Diario de Debates, pleno, Tomo II, p. 1375). Hace poco esta idea fue retomada por el presidente. No la compartimos: puede politizar la justicia.
Si bien no existe una fórmula perfecta, una alternativa sería cambiar la actual conformación, proceder a una nueva elección de los consejeros sin votaciones “secretas” y disponer que las universidades que elijan a consejeros tengan una trayectoria. Por ejemplo, la Comisión de Reforma Constitucional del gobierno de Valentín Paniagua propuso que las universidades que elijan tengan no menos de treinta años de funcionamiento.
Además, podría reemplazarse la designación de los colegios profesionales, incluido el de abogados. Una alternativa interesante es la propuesta de Transparencia: un concurso público nacional de algunos consejeros. Como se ha reclamado, la elección exige transparencia y participación ciudadana. Respecto a sus funciones, hoy no las incrementaríamos. La reforma constitucional podría permitir que una ley orgánica, en su momento, pudiera ampliarlas.
La justicia es un servicio público que debemos modernizar y hacer eficiente. Su situación es muy precaria, todavía se siguen “cosiendo” expedientes manualmente. Me contaba un juez que se disputan el papel reciclado para trabajar. ¿Podemos ingresar a la OCDE en estas condiciones?
La reforma es impostergable. Requiere un trabajo conjunto, objetivos claros y resultados tangibles. Un plan básico y consensuado por quienes lo integran es el primer paso. El Acuerdo Nacional por la Justicia es una buena alternativa. No es novedad. Lo importante es que se cumpla y ver resultados. Solo así la ciudadanía podrá paulatinamente ir confiando en la justicia.
