Reforma juvenil, por Véronique Henry

A mediados del año pasado, 10 adolescentes entre los 14 y 18 años del distrito de El Agustino participaron en una acción de servicio comunitario por 10 meses. El propósito fue responsabilizarse por haber infringido la ley penal y reparar el daño producido a la víctima y a la comunidad. Esta medida fue realizada en el marco del cumplimiento de una remisión fiscal, la cual buscaba que dichos adolescentes tomen conciencia de sus actos y brinden un servicio solidario con niños con discapacidad extrema en un hogar para personas abandonadas en el distrito de La Victoria.    

La reparación del daño, sea directamente con su víctima o indirectamente a través de servicios a la comunidad, genera empatía, responsabiliza y restaura el vínculo humano. Además, los adolescentes descubren una realidad distinta a la suya, pues realizan acciones positivas que, a pesar de sus dificultades, les permiten convertirse en un valioso soporte humano para otras personas y sentirse capaces de servir a la sociedad, ayudar a los demás y –por primera vez– ser reconocidos como ciudadanos de bien.

Estos cambios no son pasajeros. Son verdaderos cambios humanos y de largo plazo. En estas personas acontece una transformación que hace muy poco probable que vuelvan a cometer un acto en contra de la ley. Es importante precisar que los cambios experimentados por el adolescente también trascienden su ámbito individual para alcanzar su núcleo familiar y su entorno. En efecto, como casi siempre, la infracción adolescente se da como consecuencia de una serie de disfunciones en el seno de la familia (violencia, historial delincuencial, abandono, consumo de drogas, negligencia, ausencia de vínculos afectivos, etc.), por lo que la intervención tiene que apuntar no solo al adolescente sino también a su entorno familiar, para que este pueda reflexionar sobre su rol y adquirir herramientas que le permitan adoptar una mejor dinámica familiar, donde haya lugar para comunicar, dialogar y expresar sus sentimientos y afectos.    

Por todos estos logros obtenidos durante los 11 años de intervención del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa en el Perú, estamos convencidos de que el Estado tiene que apostar por un sistema de justicia juvenil que priorice la prevención de la violencia (escolar, familiar, comunitaria), de la infracción juvenil y medidas alternativas al proceso judicial y a la privación de libertad. Con este enfoque restaurativo, no se pretende generar impunidad, sino todo lo contrario: responsabilidad, reparación del daño y reinserción. Tampoco se pretende que este se aplique a todos los adolescentes que cometen infracciones penales.    

El sistema de justicia juvenil tiene que ser aplicado de manera diferenciada. Se tiene que atender a cada adolescente de manera individualizada, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y su situación particular.    

Los importantes esfuerzos realizados estos últimos años por el Estado a través del Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa de la Fiscalía con la implementación de servicios de orientación al adolescente en varias regiones y el Plan Puedo no pueden ser detenidos por falta de voluntad política que conlleva a una ausencia de financiamiento. Si el Perú quiere realmente bajar los niveles de delincuencia juvenil y mejorar la seguridad ciudadana que tanto preocupa, tiene que darse las herramientas para hacerlo.