¿Y dónde están los regidores?, por Diethell Columbus

A propósito de la iniciativa ciudadana que fue bautizada como #HablaCastañeda, resulta indiscutible la importancia de tener una gestión municipal transparente. Sin embargo, no debemos olvidar que para lograrlo es necesario que exista un contrapeso en la gestión y, justamente, esa labor le corresponde a los regidores que integran el concejo municipal. 

De esta iniciativa promovida por un regidor metropolitano, nos queda claro que su finalidad es obligar al alcalde Luis Castañeda Lossio a rendir cuentas públicamente respecto de los gastos ejecutados por la comuna limeña en los años 2015 y lo que va del 2016. En ese contexto, debo suponer que el citado regidor se está valiendo de este mecanismo –que requiere ser avalado por no menos de 25.000 ciudadanos– para obtener aquella información que él no pudo conseguir por cuenta propia para cumplir con su función fiscalizadora.

Debo acotar que si bien no existen razones objetivas para no apoyar la iniciativa #HablaCastañeda, se debe tener presente que esta resulta un paliativo que de ninguna manera soluciona el problema de opacidad que se aduce. Me pregunto qué sucedería si no se consiguen las firmas necesarias para interpelar a Castañeda o si este vuelve a negarse a rendir cuentas más adelante. ¿Acaso los regidores de oposición se dedicarán a recolectar firmas de manera permanente? ¿Acaso no existen formas más efectivas para obligar al alcalde a rendir cuentas?

Imagino que se puede argumentar que existe cierta renuencia de la gestión municipal para atender los pedidos de información que se han presentado y que tal situación es la que ha orillado la iniciativa de buscar una interpelación ciudadana. 
El argumento anterior resultaría entendible si no existiesen otras formas para documentarse sobre los gastos de la gestión del alcalde Castañeda. Sin embargo, bastaría con solicitar al contralor una copia del informe anual de rendición de cuentas que por ley todos los alcaldes deben presentar. 

El dato mencionado es importante porque expone que en estricto no sería cierto que no se rinden cuentas. Además, la importancia de este documento radica en que contiene información sobre los gastos referidos a obras públicas ejecutadas, los proyectos de inversión, los gastos en materia de personal, entre otros temas de relevancia presupuestal y financiera que es lo que se busca averiguar a través de la interpelación. No es que no existan los medios; sino que lo que se pretende es obligar a que Castañeda finalmente “hable”.

Por otra parte, si revisamos el pliego interpelatorio que el alcalde metropolitano tendría que responder, queda en evidencia lo poco prolijo que se ha sido en su elaboración. Por ejemplo, en el colmo del absurdo se pregunta cuánto es el presupuesto aprobado y asignado para ciertas dependencias municipales en el año 2015, cuando fue el mismo promotor de la iniciativa que, en su condición de teniente alcalde metropolitano, firmó un acuerdo de concejo en diciembre del 2014 aprobando el presupuesto municipal para el 2015. ¿Acaso no recuerda qué es lo que aprobó? ¿O es que no sabía lo que estaba firmando?

Finalmente, es una lástima que el alcalde Castañeda no quiera rendir cuentas en una audiencia pública so pretexto que la ley no lo obliga, pero tampoco podemos decir que no ha rendido cuentas. Más preocupante resulta el hecho que no exista un contrapeso en la gestión metropolitana que sepa cómo fiscalizar al alcalde, pues formas para hacerlo hay muchas y bastante eficaces. Solo es cuestión de informarse un poco sobre cómo funciona el Estado. 

* Actualización 23/09/2016. El autor es también gerente de asesoría jurídica y registro civil de la Municipalidad Distrital de Jesús María