Registro pendiente, por Marina Navarro M.

Inés Condori tenía 34 años cuando fue esterilizada contra su voluntad. Ella viajó más de ocho horas desde la provincia de Chumbivilcas hacia la ciudad del Cusco para recibir atención por problemas de salud luego de dar a luz a su cuarto hijo. En el hospital le dijeron que la iban a revisar y luego no recuerda más. Al despertar se sentía mal, con dolores. Ella recuerda que el personal médico le dijo: “Ya no tendrás hijos, te hemos ligado, vas a estar joven”. 

El caso de Inés es uno de los miles que se han ido conociendo en los más de 18 años que transcurrieron desde la aparición de las primeras denuncias hasta hoy. Bajo esta política, mujeres y hombres fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas sin su consentimiento libre e informado como parte de un programa estatal de planificación familiar entre 1995 y el 2001.  

A mediados del 2015 Amnistía Internacional lanzó la campaña Contra su Voluntad para sumarnos al pedido de las agrupaciones de víctimas para que se exija al Estado responder a una pregunta que hasta la fecha no tiene respuesta: ¿cuántas personas fueron víctimas de esterilizaciones forzadas?

Tuvieron que pasar casi dos décadas para que el Estado Peruano tomara por fin una medida en favor de las personas afectadas por esta grave violación a los derechos humanos. Fue un primer paso, pero todavía lejos del reconocimiento de una reparación integral a la que tienen derecho las víctimas. El Decreto Supremo 006–2015 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró de interés nacional la atención prioritaria a víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1995 y el 2001, pero luego de un año el proceso avanza con lentitud.

El problema principal es el alcance de esta iniciativa. Hasta la fecha, el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) ha sido implementado parcialmente en solo siete regiones del país (Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima, Piura y San Martín) y tiene previsto una serie de jornadas de inscripción itinerante en algunas provincias de las mencionadas regiones.  

El Reviesfo debe llegar a todos los rincones del país a los que llegó la política de planificación familiar de los años noventa. Sin embargo, para pasar por el proceso de inscripción, en la mayoría de casos las víctimas deben llegar a las capitales de regiones o ciudades principales de la provincia desde sus comunidades. Este es un gran impedimento para muchas víctimas que no tienen los recursos para poder desplazarse. Hasta la fecha, se ha otorgado constancia a 984 personas, de las cuales el 98,2% son mujeres.

Una evaluación realizada por el grupo de seguimiento a las reparaciones por esterilizaciones forzadas señala que solo un 50% de personas que solicitaron su inscripción accedió al registro. Esto se debe a la cantidad de trabas por las que tienen que pasar las víctimas. 

A pesar que la mayoría de víctimas fueron mujeres campesinas indígenas de zonas rurales cuyo idioma materno es el quechua, el Reviesfo carece de un enfoque intercultural. Incluso muchas veces deben pasar el examen médico solicitado en los mismos establecimientos de salud donde sufrieron las esterilizaciones en el pasado. 

Personas como Inés Condori y otras lideresas de asociaciones de víctimas aprendieron a exigir sus derechos a la fuerza. Ella y las mujeres que luchan hace casi 20 años merecen que el Reviesfo sea realmente un paso para la implementación de una política integral de reparaciones por el daño a su vida, su cuerpo y su salud.