¿Qué hacer con la minería artesanal e ilegal?

En un artículo anterior propuse que el Estado controlara la minería informal e ilegal supervisando las plantas de tratamiento y los insumos de la minería artesanal e ilegal.

Esto se puede hacer mediante la Sunat, que tiene la obligación de supervisar los insumos controlados como el cianuro, el mercurio y la cal. La Sucamec, los explosivos; la OEFA, los impactos al medio ambiente; y la Sunafil y el Osinergmin, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. El Ministerio de Energía y Minas, por último, debe ocuparse de que estas operaciones estén bien llevadas. El Estado tiene todas las herramientas para controlar esta minería. Entonces, ¿por qué no lo hace?

Es evidente que si estas entidades del Estado cumplieran con su trabajo tendrían que acabar con este tipo de minería y generarían una reacción social de los cerca de 500.000 trabajadores mineros informales. Por eso, debe ser progresivo y no de un momento a otro, permitiendo a que las plantas y los mineros artesanales se formalicen.

Recuerdo que cuando se dictaron las primeras normas ambientales para la minería todas nuestras operaciones estaban en falta, teníamos una serie de labores, relaveras, canchas de desmonte, etc., que debían ser remediadas. No se podía obligar a las empresas a que lo hicieran de inmediato por su costo y por la imposibilidad de hacer todo el trabajo a la vez.

La solución fue el PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente), en el que se obligaba al productor minero a invertir un porcentaje importante de sus ventas anualmente en hacer los trabajos de remediación y adecuarse en un plazo máximo de cinco años.

Yo me pregunto si no podemos pedirle al Gobierno que les exija a todas las plantas acopiadoras que presenten un plan de adecuación y un compromiso de inversión para que se adecúen a la ley en un plazo de dos o tres años.

¿Qué pasaría si el Estado también les exige a las plantas de procesamiento que declaren de dónde vienen los minerales que compran y que exijan a sus abastecedores que presenten un plan de adecuación a la ley? Al igual que las plantas, estos mineros podrían comprometer un porcentaje de sus ventas a este proceso de adecuación.

Está claro que no se puede terminar con el Reinfo de un momento al otro, pero creo que se puede exigir al Estado que obligue a todos los que se encuentran allí a ponerse a derecho en un plazo determinado. Tenemos las instituciones que debieran ejercer el control, hay que pedirles que se pongan a trabajar.

Entendemos que para las 500.000 personas que trabajan en estas operaciones es su única opción de ganarse un sueldo decente; por ello, se debe tratar, en lo posible, que mantengan sus trabajos.

Pero tenemos que actuar como país. Las razones para actuar son la protección del medio ambiente y los derechos humanos de estos 500.000 trabajadores que laboran en condiciones infrahumanas, con riesgos excesivos e innecesarios, y que tampoco tienen las condiciones laborales que el Estado debe exigir.

Tenemos que actuar para que no sigan muriendo las personas que trabajan en estas operaciones mineras, que no se sigan contaminando con mercurio y cianuro, que no sigan exponiéndose en labores sin ventilación y sin sostenimiento que destruyen sus pulmones y causan muertes innecesarias.

Cada día que pase tendremos más muertos, lisiados y gente enferma.

Tampoco podemos tolerar que el medio ambiente sea contaminado con mercurio, cianuro, aguas ácidas y que los peces mueran y los bosques sean destruidos. Pidamos que el Estado actúe progresivamente, pero con planificación y sin pausa.