Ellos lo hicieron porque pudieron.
Es así de simple.
Con la fuerza de un lapicero, el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Alito, y otros cuatro jueces, todos elegidos por presidentes provenientes del Partido Republicano, se comprometieron a anular ‘Roe vs. Wade’ [el fallo de 1973 que consagró el derecho al aborto en los Estados Unidos], liquidando así el derecho constitucional a la autonomía reproductiva que la Corte Suprema había reconocido hace más de 49 años. Como observó la opinión disidente –firmada por los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan–, nunca antes el Tribunal había rescindido un derecho individual y dejado en las manos de cada uno de los estados la decisión de respetar lo que una vez estuvo anclado en la Constitución.
Las consecuencias prácticas de esta decisión conocida como ‘Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization’ son enormes y graves. El aborto, actualmente uno de los procedimientos médicos más comunes, estará prohibido o se verá severamente limitado en aproximadamente la mitad de los Estados Unidos. Excluyendo los casos de abortos espontáneos, casi uno de cada cinco embarazos termina en aborto en los Estados Unidos, y una mujer estadounidense de cada cuatro interrumpirá un embarazo durante toda su vida. Dos generaciones de mujeres en el país estadounidense alcanzaron la mayoría de edad con la certeza de que un embarazo no deseado no tenía por qué alterar sus vidas. “Después de hoy”, como señala el voto disidente de los jueces Breyer, Sotomayor y Kagan, “las mujeres jóvenes alcanzarán la mayoría de edad con menos derechos que sus madres y abuelas”.
Lo que la Corte Suprema presentó el viernes pasado es un réquiem por el derecho al aborto en los Estados Unidos. Como bien parece sospechar el presidente del Tribunal, John Roberts, quien se negó a plegarse a la opinión del juez Alito, también es un réquiem para la Corte Suprema.
Consideremos las implicaciones de la declaración del juez Alito de que ‘Roe vs. Wade’ estaba “terriblemente equivocado” desde el principio. Cinco de los siete jueces que conformaron la mayoría en la sentencia de ‘Roe vs. Wade’, todos excepto William O. Douglas y Thurgood Marshall, habían sido nombrados por presidentes republicanos. Los votos necesarios para preservar el derecho al aborto 19 años después, en la sentencia del caso ‘Planned Parenthood vs. Casey’, que ratificó ‘Roe vs. Wade’ y que la Corte Suprema también revocó el viernes, provinieron de cinco jueces designados también por republicanos.
Al afirmar que estos jueces llevaron a la Corte Suprema a cometer un grave error que ahora debe ser corregido, el juez Alito y su mayoría nos están diciendo que sus predecesores no sabían lo suficiente o no les importaba usar la metodología adecuada para llegar a la decisión correcta. La arrogancia es impresionante. De los jueces que resolvieron el caso ‘Planned Parenthood vs. Casey’ en 1992, el único miembro de la Corte Suprema que aún se mantiene vigente es el juez Clarence Thomas, un disidente en aquel entonces que ahora ha sostenido en una opinión concurrente que ya que la Corte ha revocado el derecho al aborto también debería reconsiderar sus precedentes sobre anticoncepción, derechos LGBTQ y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Los jueces disidentes observaron el viernes que “la mayoría ha anulado a ‘Roe’ y ‘Casey’ por una sencilla razón: porque siempre los despreciaron y porque ahora tienen los votos para anularlos. De este modo, la mayoría sustituye el imperio de la ley por una ley de los jueces”. Estas palabras son tan aterradoras como evidentes.
Durante años, los miembros de la nueva mayoría de la Corte Suprema han estado invitando abiertamente a revisar ‘Roe’ y ‘Casey’, al igual que los mismos jueces, principalmente Clarence Thomas y Samuel Alito, pasaron años invitando al lobby de armas a presentar casos que brindaran la oportunidad de ampliar el análisis de la segunda enmienda del fallo de ‘Heller’ del 2008. Esta campaña culminó el jueves con la decisión en el caso de licencias de armas del estado de Nueva York. Este caso, conocido como ‘New York State Rifle & Pistol Association vs. Bruen’, por supuesto, no anuló un viejo derecho, sino que lo amplió.
El fallo del viernes fue el epítome del activismo judicial: un tribunal federal de apelaciones había bloqueado una ley de Mississippi sobre la base de que la prohibición del aborto después de las 15 semanas de embarazo era inconsistente con ‘Roe’ y ‘Casey’ (ambos fallos protegieron el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal; es decir, alrededor de las 24 semanas). El estado de Mississippi originalmente pidió a los jueces de la Corte Suprema que decidieran si una prohibición del aborto antes de la viabilidad fetal era siempre inconstitucional. A pesar de la objeción del presidente del Tribunal, John Roberts, la opinión de la mayoría fue mucho más allá, eliminando el derecho al aborto en su totalidad.
En su voto concurrente, el presidente de la Corte Suprema advirtió sobre cuán agresiva era la opinión de la mayoría: “Seguramente deberíamos adherirnos estrechamente a los principios de moderación judicial aquí, donde el camino más amplio que elige el Tribunal implica repudiar un derecho constitucional que no solo hemos reconocido previamente, sino que también hemos reafirmado expresamente aplicando la doctrina de ‘stare decisis’”, afirmó. Y agregó que la sentencia del juez Alito era “innecesaria para decidir el caso que tenemos ante nosotros”.
Pero Alito rechazó este llamado a la moderación. “La búsqueda del presidente de la Corte Suprema de una solución intermedia solo retrasará el día en el que nos veremos obligados a enfrentar la cuestión que ahora decidimos”, escribió. “La agitación provocada por ‘Roe’ y ‘Casey’ se prolongaría. Es mucho mejor, para este Tribunal y para el país, enfrentar el problema real sin más demora”.
Seguro que habrá agitación ahora, ya que las carreteras del país se están llenando de mujeres desesperadas por recuperar el control de sus vidas a las que se les acaba el tiempo, tal vez perseguidas por vigilantes a través de las fronteras estatales. Pero la única agitación que causaron ‘Roe’ y ‘Casey’ se debió a la negativa de activistas, políticos y jueces a aceptar la validez de ambos precedentes.
Cuarenta y nueve años es mucho tiempo. En 1969, yo era una periodista que recién ingresaba a “The New York Times” cuando recibí el encargo de escribir sobre la controversia en torno del aborto. Me sumergí en el tema, entrevistando y aprendiendo de abogados de ambos lados del debate. El 25 de enero de 1970, “The New York Times Magazine” publicó mi artículo bajo el título “Cuestión constitucional: ¿existe el derecho al aborto?”. Ese fue –creo– el primer artículo de una publicación periodística que analizaba los argumentos constitucionales nacientes, y desde entonces se ha reimpreso bastante. Cuando terminé de leer la decisión del viernes, me di cuenta de que he narrado este problema profundo en toda su extensión; una perspectiva que nunca podría haber anticipado.
Excepto, por supuesto, que la historia todavía no ha terminado. Aunque el juez Brett Kavanaugh proclamó con evidente alivio en su opinión concurrente que la Corte Suprema “ya no decidirá cómo evaluar los intereses de la mujer embarazada y los intereses en proteger la vida fetal durante todo el embarazo”, es probable que este no sea el caso. Esas mujeres seguirán planteando preguntas: ¿Qué pasará con los casos de violación o con los de incesto? ¿Y con los fetos condenados a morir en el útero o poco después de su nacimiento? ¿Se obligará a las adolescentes a tener hijos? ¿Las mujeres que reciben un diagnóstico prenatal de una anomalía fetal grave se verán obligadas a traer al mundo un niño al que no pueden cuidar adecuadamente y en el que el estado demuestra poco interés luego de su nacimiento? ¿Qué sucede cuando los estados comienzan a procesar no solo a los médicos, sino también a las mujeres?
Y la opinión de los jueces que votaron de manera disidente también se pregunta: “¿Qué pasará con la píldora del día después, con el DIU y con la fertilización in vitro?”. ¿O qué ocurrirá con el manejo médico del aborto espontáneo?
No, jueces, su trabajo no está hecho. Lo que único que ha terminado es la legitimidad de la Corte Suprema en la que ustedes tienen el privilegio de pasar el resto de sus vidas.
–Glosado, traducido y editado–
© The New York Times