Salir de la trampa de la pobreza, por Bettina Woll

El COVID-19 exhibió las profundas desigualdades en el Perú, tras más de dos décadas de crecimiento económico sostenido. A pesar de los intentos por salvar vidas a la par que la economía, al menos 200.000 personas fallecieron por el coronavirus y millones de empleos se perdieron, dejando a muchas personas sin más que lo básico para poder sobrevivir a la crisis.

Desde luego, esto implica un retroceso de todo lo logrado en términos de reducción de la pobreza. Si solo miramos a través de la pobreza monetaria, encontramos que en el 2020 esta aumentó en un 9,9%, pasando del 20,2% al 30,1%, según el INEI. Son tres millones de personas más que, empujadas a la precariedad, no alcanzan a cubrir la canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos. Por otro lado, la pobreza extrema afectó al 5,1% del país, lo que representa un aumento del 2,2% en relación con el 2019. En total, 1,7 millones de personas no pueden cubrir siquiera los S/191 mensuales de la canasta básica.

Sin embargo, las dimensiones de la pobreza van más allá de lo monetario. Según el último “Índice de Pobreza Multidimensional” del PNUD, que evalúa las carencias en términos de salud, educación y nivel de vida, un 7,4% de personas en el Perú ya sufrían privaciones en al menos uno de estos indicadores en el 2018; y adicionalmente un 9,6% estaba en riesgo de caer en una de estas privaciones. La dimensión más crítica es la del nivel de vida, que incluye acceso a agua, saneamiento, electricidad, activos, entre otros. En particular, en el 2020 casi la mitad de los hogares pobres del país no accedieron a saneamiento a través de desagüe y el 10,9% tuvo que afrontar la pandemia en hacinamiento, según el INEI.

Comprender estas múltiples caras de la pobreza nos lleva a entender mejor la trampa del desarrollo en la que el Perú se encuentra atrapado, tal y como alegamos en el “Informe Regional de Desarrollo Humano 2021″, y a focalizar mejor las políticas de desarrollo socioeconómico. Esa trampa del desarrollo se evidencia en una alta desigualdad en todos los territorios del país pese al éxito económico de los últimos años; una trampa que deja desprotegidas a millones de personas, especialmente en una pandemia.

Por ejemplo, en materia de salud, no todas las personas gozan de la misma protección. De hecho, el 23% de la población mayor de 18 años en el país no contó con algún seguro de salud –público o privado– a inicios de la segunda ola del coronavirus, según el INEI. De igual manera, tan solo 6,5 millones de peruanos están cubiertos por algún sistema de pensiones en caso de muerte, vejez, invalidez o enfermedad, lo que representa poco más de la cuarta parte de la población en edad de trabajar.

En tal sentido, un punto de entrada para comenzar a romper la trampa del desarrollo es apostar por un sistema de protección universal en el que todas las personas accedan a un programa de pensiones con un financiamiento mixto, a través de impuestos generales y contribuciones voluntarias. A su vez, esto abre un nuevo camino en la lucha contra la pobreza, pues quienes la padecen podrían tener acceso a la seguridad social en las mismas condiciones y la misma calidad que el resto.

Recuperarnos del COVID-19 implica acabar con todas estas desigualdades que perpetúan a las personas más pobres y las empujan a trabajar en condiciones menos favorables. La lucha contra la pobreza, por lo tanto, también pasa por la generación de empleo, pero decente.

En ese sentido, se requiere, ante todo, una apuesta por la inversión pública descentralizada y articulada, y por la inversión privada orientada a los desafíos locales, regionales y nacionales, para desarrollar la infraestructura y las condiciones necesarias para la generación de empleo de calidad y sostenible en el tiempo.

Asimismo, y aunque se trate de un proceso de largo aliento, el país tiene la oportunidad de crecer de manera más formal, pensando sobre todo en las Mypes, que son el grueso del tejido empresarial del país y que, por la pandemia, se redujeron casi a la mitad, dejando sin empleo a más de cuatro millones de personas en el 2020, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.

Si bien esperamos que en los próximos meses el Perú recupere el nivel del PBI del 2019 y volvamos a la senda del crecimiento económico, este por sí solo no será suficiente para reducir la pobreza de manera significativa. En los próximos cinco años, se deben impulsar las transformaciones estructurales que nos conduzcan a un crecimiento inclusivo, rompiendo la trampa de la alta desigualdad y protegiendo a todas las personas, independientemente de su condición laboral. El país puede evitar que los impactos profundos que ha dejado el COVID-19 se hagan permanentes.