Para seguir creciendo, por Gonzalo Bonifaz Tweddle

Por mucho tiempo la relación entre los derechos humanos y el desarrollo de la actividad empresarial fue malentendida como antagónica, pues había una gran desconfianza entre sus actores. Para muchos activistas de derechos humanos, los empresarios pensaban únicamente en el lucro sin tener en consideración los efectos de sus actividades en la población. Por otro lado, un importante número de empresarios miraba a estos primeros como agitadores sociales que buscaban acabar con las inversiones y el desarrollo económico. Finalmente, ninguno de estos dos veía al Estado como un interlocutor capaz de actuar para resolver sus demandas.

Hoy esta visión empieza a ser superada. Los actores fundamentales de esta relación (Estado, empresarios y sociedad civil) están construyendo, a escalas internacional y local, nuevas estrategias para promover un desarrollo sostenible (económica, ambiental y socialmente), aunque no sin dificultades. 

En el ámbito internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los “Principios rectores sobre empresas y derechos humanos” (2011), que se basan en tres principios fundamentales: 1) la obligación del Estado de respetar y dar protección ante abusos a los derechos humanos, ello a través de medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia; 2) la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, es decir, actuar con la debida diligencia para no vulnerar derechos de terceros y reparar las consecuencias negativas de sus actividades; y 3) la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas. 

A ello se suman iniciativas como el Pacto Mundial de la ONU (2010), la “Declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y política social” de la OIT (2006), la “Guía para empresas transnacionales” de la OECD (2011), la “Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas” (2002) y la “Guía sobre responsabilidad social (ISO 26000 2010)”. 

Los principios plasmados en estas iniciativas constituyen recomendaciones que no tienen carácter obligatorio para los Estados, las empresas o la sociedad civil. Sin embargo, desarrollan obligaciones contenidas en diversos tratados (que van desde derechos humanos hasta libre comercio) y han dado lugar a que los Estados adopten medidas para incorporarlos a través de su legislación, e impulsen políticas y planes nacionales. 

Poner en práctica esta nueva relación conlleva importantes retos. El Estado, además de su compromiso con el respeto al Estado de derecho, deberá proporcionar estabilidad económica y jurídica, mayor competitividad, garantizar seguridad y tener presencia efectiva en todo su territorio. Por su parte, las empresas con independencia de su tamaño, sector, ubicación o propietarios deberán apostar por las ganancias sostenibles en el largo plazo y la sociedad civil deberá involucrarse y aceptar, también, las reglas de juego para canalizar sus reclamos y aspiraciones.

Recordemos que, según la PCM, el control de conflictos sociales ha permitido viabilizar y reactivar más de US$20.000 millones en inversiones mineras. Superar estos retos es una condición indispensable si queremos que el Perú siga creciendo y se consolide como un país “imán” de inversiones, más aun cuando estas se concentran en industrias extractivas.