Una sentencia anunciada

Nunca antes el cambio climático ha sido más despiadado con el sector agrícola peruano. En estos momentos, este sector se encuentra en estado de vulnerabilidad tras la evidencia palpable de un nulo plan de previsión. Primero, una sequía sin precedentes a finales del 2022. Ahora, las fieras lluvias que azotan el litoral, además de otras zonas de la sierra y selva de nuestro país.

Sin duda, el ciclón Yaku terminó de sentenciar la seguridad alimentaria de los peruanos. Este fenómeno ha causado la activación de múltiples quebradas, así como desbordes de ríos y colapsos de vías de acceso, impidiendo la distribución de alimentos frescos como frutas, verduras y aves que se han podrido por las altas temperaturas desde Tumbes hasta la costa sur.

Los cultivos que se están viendo enormemente dañados para la agroexportación son los bananos, las paltas y el mango Kent. De igual modo, los alimentos que van a impactar negativamente en la canasta familiar peruana son el arroz, el maíz –por ende, el pollo–, los plátanos, las hortalizas (como la alverjita), el limón y cultivos de panllevar como la yuca y el camote.

Asimismo, con el fenómeno de El Niño anunciado para este año, cultivos de invierno como las fresas, los arándanos y los cítricos se van a ver afectados en su cosecha después de los meses reglamentarios de invierno. Todo esto se traducirá en una mínima producción o escasez de diversos productos cuyos precios finales pagados por el consumidor irán –aún más– en aumento. Con ello, el ciudadano más vulnerable tendrá que emplear hasta un 80% de sus ingresos en alimentos, lo que se verá traducido en una porción menos al día, un consumo de alimentos procesados que “llenan, pero no alimentan” o tendrán que priorizar a sus hijos por encima de ellos.

Hasta el momento, el Gobierno ha manifestado que destinará recursos para las labores de recuperación de infraestructura y atención de emergencias de la población. Sin embargo, no se avizora aún planes de mediano y largo plazo consistentes. Necesitamos reforzar la articulación interinstitucional para definir prioridades que lleven a la realización de intervenciones públicas transparentes. Es urgente una participación articulada de las carteras del Gobierno y la creación de comisiones (como la de seguridad alimentaria con el MEF, Midis, Midagri, Produce y cancillería, por ejemplo) juntamente con gobiernos regionales y municipalidades, siguiendo las recomendaciones climáticas del Senamhi y el seguimiento de la ley de recursos hídricos liderados por la Autoridad Nacional del Agua. Esto último será clave para contar con el empleo de los recursos y la logística necesaria para, con el uso de la tecnología, atender las zonas más complejas afectadas por las lluvias y los huaicos.

Lo que se necesita de inmediato es el empleo de mano de obra (personas que sepan de construcción para la reconstrucción de campos, infraestructuras como puentes, caminos y canales de regadío, así como gente que apoye en la preparación de alimentos y reparto de estos de forma organizada) canalizado mediante el Ministerio de Trabajo.

La idea es que, por un lado, se ponga un salario en los bolsillos de las personas para que puedan atender sus necesidades sin tener que recurrir a un subsidio como un bono y, por el otro, que el país se reconstruya lo más pronto posible para poder reintegrar las actividades comerciales. Finalmente, la creación de una comisión de fiscalización para determinar si hay debida transparencia en cuanto a la canalización de los recursos asignados. Todo esto en calidad de urgencia para la protección de la frágil seguridad alimentaria de los peruanos más desprovistos. La advertencia está anunciada y las soluciones, enunciadas.