Recomendaciones al futuro presidente, por Ricardo Valdés

Hay dos grandes denominadores comunes en los diversos planes de gobierno sobre seguridad ciudadana. Estos incluyen a las dos agrupaciones finalistas. El primero es que los planes se centran en la operatividad policial de corto plazo. Apenas han mencionado, con gruesas limitaciones, una visión sistémica e integral para combatir el delito. Poco se dice de la necesaria coordinación intersectorial e intrasectorial de esta política.

Resolver la operatividad policial tiene, generalmente, una dimensión de gestión y otra estructural. Cada una de ellas demanda plazos distintos de ejecución y, por supuesto, costos de implementación que las propuestas no precisan. Actualmente, el Ministerio del Interior solo dispone de 316 millones de soles para inversión, menos del 3% de su presupuesto. Lo demás es mayoritariamente gasto corriente.

En mayor medida, Fuerza Popular prioriza la gestión policial: la redistribución de los recursos (personal, patrulleros, motos), en conjunción con los serenazgos para incrementar la presencia en la calle; el C4 inteligente que cambiaría la operatividad para las emergencias en la ciudad, ampliar la conectividad y la informatización policial, actualizar la tecnología y la capacidad de la investigación policial, entre otros.

Por su lado, Perú Libre habla del control de armas, de una incorporación más activa de las rondas campesinas y vecinales en el control de la seguridad, de una genérica redefinición de funciones de las rondas frente al rol de los operadores de justicia, así como una velada mención a los migrantes como factor de inseguridad.

En relación a decisiones estructurales, ambos mencionan –más no desarrollan– la reforma policial, los planes de especialización y de carrera, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de criminalística, la interconectividad nacional de todas las dependencias de la policía nacional y la modernización de la infraestructura.

El segundo denominador común, en ambas propuestas, es la ausencia del cómo se van a implementar, del cuánto cuesta y cómo se financia. Sin duda, quien asuma la presidencia lo hará en medio de una crisis económica que implicará pensar en escenarios viables para la ejecución económica de las propuestas en seguridad ciudadana. ¿Qué hacer?

Quien ocupe la presidencia deberá consensuar con los principales partidos y su representación en el Congreso un plan de seguridad ciudadana integral y sostenible en el tiempo. Al menos una agenda mínima. En paralelo, los técnicos deberán planificar y priorizar las acciones consensuadas y precisar la fuente de financiamiento para su implementación.

Tocará redistribuir el gasto presupuestal del Ministerio del Interior y conseguir el aporte de otros ministerios, alineados con una visión sistémica de la intervención pública para reducir los factores de riesgo que influyen en la inseguridad.

No se necesita inventar la rueda. Más allá del presupuesto público hay otras fuentes de financiamiento que permiten financiar los aspectos de gestión y los estructurales mencionados por las fuerzas políticas en sus propuestas.

La Banca de Desarrollo está a la espera para financiar temas de seguridad ciudadana. La cooperación internacional aguarda señales de estabilidad. Los gobiernos locales cuentan con una ley que permite la recaudación de arbitrios para seguridad ciudadana, pero que aún no se aplica. El sector privado está a la espera de propuestas técnicas de los gobiernos regionales y locales para intercambiar obras por impuestos. Hay para ello más de 15 mil millones de soles en certificados de inversión pública depositados en el Ministerio de Economía y Finanzas.

La seguridad es un tema de política pública, es un tema de Estado que requiere el compromiso de la presidencia y de las fuerzas políticas. El consenso generará confianza y atraerá la inversión que necesitamos con urgencia en la actual época de crisis y pandemia.

Claro está, todo dependerá de que elijamos a alguien capaz de atraer la inversión y de generar consensos. El voto es nuestro.