Un botín llamado transporte, por Juan Pablo León

Las últimas propuestas en materia de transporte de los dos candidatos a segunda vuelta solo apuntan a favorecer al chofer o al empresario que maneja alguna flota, pero ninguna se dirige a los millones de ciudadanos que usan el transporte público –quienes deberían ser los principales beneficiarios– a pesar de ser ellos los que se exponen a un servicio peligroso y deficiente desde hace décadas.

Vamos por partes. Pedro Castillo es el primero en invocar a este sector. Ocurre el 9 de abril, cuando sostiene que desactivará a la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, entidad que ha impuesto 8.000 papeletas a vehículos informales en el 2021 y que, además, está a punto de iniciar el proceso de chatarreo a combis piratas en los depósitos vehiculares.

El 26 de abril, Castillo declara que haría lo mismo con la Sutrán, brazo fiscalizador del Ministerio de Transportes (MTC) a nivel nacional. El 25 de mayo, su contendiente, Keiko Fujimori, a través de su hermano Kenji, anuncia que condonará –o sea, perdonará– todas las multas a vehículos particulares que realizan el servicio de taxi, para que los propietarios puedan vender el auto sin deudas y acceder a más ingresos (¡en vez de darle incentivos para que las paguen y no deshacerse de su herramienta de trabajo!).

Lo cierto es que ambas propuestas, de corte populista, solo ayudarán a perpetuar el caos del transporte. Lo explico. A pesar de que el sistema sigue siendo un infierno por la pésima calidad de servicio, la ATU ha hecho en 2 años lo que no se hizo en tres décadas: poner bajo una sola cabeza todas las rutas de combis, buses, metro de Lima, Metropolitano, corredores, alimentadores, taxis y movilidades. Eliminar la ATU, como promete Castillo, será perpetuar el problema para siempre en la capital.

Por otro lado, la promesa de Fujimori de perdonar las papeletas haría que todos los choferes que manejaron sin brevete, a excesiva velocidad, contra el tráfico o que se pasaron 30 semáforos en rojo pasen a ser premiados con la condonación de multas, dejando un pésimo precedente para la educación vial.

Recurrir a un cambio en las reglas de juego en la fiscalización de transporte como parte de un plan de gobierno es algo que muchos candidatos al Congreso y la presidencia han hecho por una razón muy sencilla: se juegan miles de votos de personas que se dedican a esta actividad y las familias que mantienen con esos ingresos. El problema es que lo hacen a costa de la vida y la salud de sus pasajeros: cada año mueren un promedio de 3 mil personas en choques, atropellos y volcaduras, la mayoría por la imprudencia y el exceso de velocidad.