Servicio civil y desempeño del Estado, por Juan José Martínez

Uno de los elementos claves del desarrollo es la existencia de un Estado que brinde regulación y servicios de calidad al país. Evidencia internacional muestra que no se produce el desarrollo de los países al margen del Estado o donde existe uno disminuido o ineficiente.

En las últimas décadas hemos pasado por diversos esfuerzos que han buscado –de una manera u otra– mejorar el desempeño de nuestro Estado. Así, hemos visto esfuerzos en simplificación administrativa, reorganización de entidades públicas, descentralización, creación o desarrollo de sistemas administrativos, entre otros. 

Además, nuestro Estado ha tenido sostenidamente mayores recursos presupuestales. Igualmente, en materia de personal, ha aumentado consistentemente el gasto y el número de trabajadores. 

En promedio, del 2000 al 2011, anualmente ingresaron cerca de 40.000 personas a trabajar al sector público y el gasto en personal aumentó en alrededor de S/1.000 millones cada año. En el 2014, el gasto de personal fue superior a los S/38.000 millones, frente a casi S/22.000 millones en el 2009. Esto implica un crecimiento de más del 72% en cinco años. Por otro lado, mientras en el 2004 teníamos cerca de un millón de servidores civiles, para el 2014 teníamos ya un millón cuatrocientos mil. 

Pese a los diversos esfuerzos por mejorar, reformar y modernizar el Estado, los mayores recursos y el mayor número de personal, no se aprecia mejoría en su desempeño. Esto va más allá de ser una percepción o subjetividad particular. 

Si observamos indicadores internacionales, advertimos en qué situación nos encontramos. El Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial señala que el Perú se ubica en el puesto 116 entre 140 países con respecto a la calidad de sus instituciones. Además, indica que nuestra mayor dificultad para hacer negocios es la “burocracia gubernamental ineficiente”.

Esto constituye un resultado contrario al que uno esperaría. Cualquier organización, con mayores recursos, debería mejorar la calidad y cobertura de las prestaciones y servicios brindados. Pero ello no ocurre con el Estado Peruano.

Viendo esta paradoja, en los últimos años se ha tomado conciencia de que los servidores públicos constituyen el factor fundamental, el elemento clave del cual depende –en gran medida– el movimiento, la acción y el desempeño del Estado. De nada sirven meros cambios normativos o mayores recursos si no se cuenta con servidores idóneos, que hagan realidad las políticas públicas contenidas en normas, planes, programas y presupuestos.

Pese a su importancia, la situación de los recursos humanos en el Estado Peruano se ha ido complejizando, desordenando y distorsionando en el tiempo. De manera general, se podría decir que existen tres normas que regulan la relación de los servidores civiles. Estas son los decretos legislativos: 276 (carrera administrativa), 728 (régimen privado) y 1057 (contrato administrativo de servicios). Así, coexiste la excesiva rigidez de unos regímenes con la mayor flexibilidad de otros. 

Además, el mérito y el desempeño no han sido factores presentes en el Estado. Esto ha conllevado que no se reclute ni se mantenga en el servicio a los más calificados, a los más motivados ni a los de mejor desempeño. Por ello, para mejorar al Estado, se debe enfrentar el problema de los recursos humanos y hacer efectiva la reforma del servicio civil.

Si bien la reforma no se inicia con la dación de la Ley del Servicio Civil, probablemente constituye el hito más importante, porque completa su marco legal al regular integralmente todos los aspectos del sistema de recursos humanos, establecer un nuevo régimen de servicio civil con carácter general y unificado, así como los mecanismos para la migración progresiva de los servidores al mismo.

Su implementación, sin embargo, constituye un reto enorme, dado que se tiene que hacer efectiva sobre más de medio millón de personas, en cerca de 2.000 entidades. Esto, en un contexto de marcada heterogeneidad de capacidades entre entidades, de un importante esfuerzo fiscal para su implementación y de una escala de actividades que prácticamente no tiene precedentes en el Estado Peruano.

Este reto debe ser enfrentado por el siguiente gobierno. No obstante, muy pocos candidatos lo han considerado como prioridad. No han tomado conciencia de que sus planes de gobierno y programas dependen en gran medida de los servidores que tendrán que realizarlo. 

Ante ello, debemos exigirles compromiso político con la reforma, reforzamiento de los equipos técnicos encargados de su ejecución, presupuesto adecuado y, sobre todo, no perder de vista su objetivo: la modernización del Estado Peruano para un mejor servicio al ciudadano.

Perder el tiempo y no realizar esta reforma implica mantener un Estado deficiente y postergar las oportunidades de desarrollo de los peruanos.