Show me the money, por Percy Medina

El Congreso está ante la oportunidad de hacer una reforma que impacte realmente en las condiciones de la elección y, para ello, considero que debería proponerse cuatro objetivos sustantivos: incrementar la transparencia del dinero que ingresa a las campañas, establecer un sistema efectivo de control de esos fondos, crear un régimen de sanciones que incentive el cumplimiento y diseñar un reemplazo de la obsoleta franja electoral.

Dos temas cuya regulación considero clave para incrementar la transparencia son la bancarización de los aportes y las pequeñas donaciones. Cuando se dio la Ley de partidos en el 2003 era muy engorroso donar a través del sistema bancario pues no estaban tan generalizadas como hoy la banca por internet, las aplicaciones para realizar transferencias y las tarjetas de crédito. Ahora es posible que la ley promueva que el grueso de los fondos de campaña se canalice a través del sistema bancario, lo que le da trazabilidad a esos recursos y permite identificar a los donantes y cuantificar los gastos. Exigir que se haga a través de un banco toda donación por encima del 10% de una UIT (420 soles) hoy es bastante razonable.

En cuanto a las pequeñas donaciones, canalizadas generalmente a través de actividades como cócteles, rifas o almuerzos, la experiencia no ha sido positiva y estos aportes han sido motivo de sospecha generalizada. Pero lejos de prohibirse, las pequeñas donaciones deberían ser estimuladas pues reducen la dependencia de grandes donantes y permiten a los partidos acercarse más a las personas. En varios países han sido particularmente exitosas las experiencias de crowdfunding o donación masiva de pequeñas cantidades a campañas o causas políticas. Sería interesante regular el tema en serio garantizando que no sea un mecanismo para esconder recursos de donantes grandes.

En cuanto al control de fondos de campaña, es indispensable dotar a la ONPE de las herramientas para hacer un seguimiento adecuado y oportuno. En el 2017 se eliminaron los informes de ingresos y gastos durante la campaña reduciendo la información disponible para el electorado al momento de la votación. Se ha propuesto su restitución pero podría avanzarse aún más: establecer un mecanismo de rendición de cuentas en línea y en tiempo real, lo que permitiría tener los datos pocos días después de realizadas las operaciones. Un mecanismo de este tipo opera en Colombia, Chile y México, nuestros tres socios en la Alianza del Pacífico, así que no hay razón para que en Perú no pueda implementarse. Este nuevo mecanismo de rendición de cuentas debería venir acompañado de la restitución de las competencias de ONPE para solicitar información aclaratoria adicional a las organizaciones políticas.

Otro elemento clave en relación con el control de fondos de campaña es el acceso a la información económica y financiera. Países como Costa Rica y México han avanzado eliminando el secreto bancario para las cuentas de campaña y muchos otros han establecido mecanismos adecuados para que las entidades estatales, incluyendo unidades de inteligencia financiera, compartan información. La experiencia internacional demuestra que es esencial garantizar que el órgano encargado de supervisar esta materia tenga las herramientas adecuadas para hacerlo. La mejor regulación fracasa si quien tiene que hacerla cumplir no tiene la fuerza para hacerlo.

Como complemento de lo anterior, el régimen de sanciones es un ingrediente de primera importancia. Hasta ahora la única sanción que hemos contemplado es la multa, a la que se añadió en agosto de 2019 la sanción penal. Las multas, aunque podrían llegar a ser significativas, han sido ineficaces pues jamás han podido cobrarse. Ningún partido político en el Perú ha pagado una multa por infracciones a la regulación sobre financiamiento de campañas. Es importante, entonces, diseñar un sistema que incentive el cumplimiento, que disuada de verdad a quienes se vean tentados a incumplir. Para los casos menos graves habría que establecer sanciones administrativas proporcionales a la falta pero que puedan aplicarse efectivamente y permitan la subsanación. Para los más graves sería conveniente evaluar la inclusión de sanciones con costo político, como la imposibilidad de presentar candidaturas o la pérdida del cargo elegido.

Finalmente, corresponde rediseñar el financiamiento público indirecto pues la franja electoral ha quedado obsoleta. La reforma constitucional aprobada en referéndum prohíbe la contratación de propaganda política con fondos privados, lo que implica un cambio radical en las campañas pues pasamos de un esquema predominantemente privado a uno público. Para que tenga buenos resultados este esquema, que ya se aplica en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México, es necesario pensarlo en términos de pauta publicitaria garantizando tanto tiempo de emisión como frecuencia y siguiendo los criterios constitucionales de equidad y proporcionalidad.

La reforma del financiamiento de campañas es fundamental para incrementar la confianza en la política. Sería una gran noticia que el Congreso la asuma con responsabilidad y visión de futuro.