La Sunafil: entre retos y huelgas, por Jorge Toyama

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) nació en el debate electoral del 2011. Tras casi cinco años, ¿cuál es el balance?

La Sunafil es el brazo laboral de la inspección del trabajo, busca orientar, desarrollar, dar oportunidades de corrección y sancionar en caso de incumplimiento laboral.

En estos años, la Sunafil ha tenido avances notables. En poco tiempo se ha posicionado como el ente de fiscalización laboral y elevado la percepción sobre la necesidad de cumplir “lo laboral” en las empresas. Las inspecciones son más técnicas y coordinadas, la cantidad de fiscalizaciones se han incrementado, se aprecian más capacitaciones al cuerpo de inspectores (Escuela Nacional de Fiscalización Laboral), hay actuaciones laborales focalizadas (“cuadrantes inspectivos”) derivadas de la inteligencia inspectiva, hay más acciones de prevención y asesoría, los procesos están más estandarizados y contar con una estructura de gobierno propia genera mayores posibilidades de actuación, emisión de directivas, mayor desarrollo organizacional, etc.

Lo que falta es dotar de presupuesto para que la Sunafil pueda extenderse en todo el Perú (hay regiones donde no opera, como Arequipa, Piura, Lima Provincias o el Callao), contar con más inspectores, tener infraestructura (es inquilino del Poder Judicial y en más de una ocasión ha habido orden de desalojo) y cumplir con los compromisos laborales como empleador. 

Sobre esto último, los dos sindicatos de inspectores en varias ocasiones han protestado (e incluso ha habido huelgas) por la falta de pago de los beneficios contemplados en un laudo arbitral que se emitió en un proceso de negociación colectiva, o por la falta de incrementos. La razón es la misma: falta presupuesto.

Consideramos necesario que la Sunafil cuente con una superintendencia estable (ha habido cuatro superintendentes desde su creación) como ocurre con la Sunat (cargo inamovible por cinco años) y se implemente el Tribunal de Fiscalización Laboral. Este tribunal sería la entidad que unifique criterios y genere precedentes inspectivos que, al final –estemos o no de acuerdo–, brindan seguridad jurídica a trabajadores y empleadores.

Además, es necesario delimitar las inspecciones reiteradas sobre un mismo tema a las empresas, debe existir “cosa decidida” (es decir, no puede haber varias inspecciones sobre la misma materia), así como un mayor control para que no existan cambios de criterios. La administración es una sola y debe existir predictibilidad y uniformidad.

Finalmente, la inspección debería orientarse a sectores informales y persuadir a empresas y trabajadores sobre el cumplimiento laboral. Las inspecciones no deben concentrarse en las empresas formales ni acogerse todas las denuncias que se plantean sin control previo. En un país donde reina la informalidad y el incumplimiento laboral, la Sunafil debería tener como reto central la inclusión en planillas de trabajadores, así como el pago puntual de los beneficios sociales antes que la búsqueda de multas.

El éxito de la Sunafil debe ser medido por la ampliación de la base de trabajadores formales en el país y del pago oportuno de los beneficios sociales. Un trabajador asegurado y con beneficios es una familia con protección social. Este es el reto central del nuevo gobierno conjuntamente con seguridad, educación y salud.