El populismo estatal y la ciudad informal, por Ricardo Fort

Esta semana el Congreso de la República aprobó por extensa mayoría, y sin un solo voto en contra, una nueva ley que amplía el plazo para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales hasta fines del 2015. Esta práctica, que se repite hace varias décadas, es un claro ejemplo de medidas populistas con visión de corto plazo que promueven la informalidad ante un Estado incapaz de proponer e implementar soluciones más eficientes y sostenibles.

La aparente sensibilidad de esta medida con las familias más pobres y carentes de propiedad, en realidad beneficia principalmente a las mafias de tráfico de terrenos, validando sus promesas de formalidad y servicios a futuro, en base a las cuales cobran un mayor precio y aumentan su rentabilidad. A su vez, este incremento especulativo del precio de las tierras distorsiona todo el mercado de nuevo suelo urbano, haciendo inviables otras alternativas económicas como los proyectos de vivienda social. Sin otras alternativas, las familias terminan pagando más de lo que deberían por un lote sin ninguna habilitación, y muchas veces en espacios de alta vulnerabilidad, desde donde deberán perseguir autoridades y gestionar trámites por más de una década en búsqueda de acceso a servicios básicos, mientras sobreviven en las condiciones de precariedad que todos conocemos.

Además de generar estos enormes costos individuales, esta práctica recurrente del Estado peruano promueve una expansión horizontal, poco densa, y desordenada de nuestras ciudades. El modelo produce entonces enormes costos de congestión que reducen sustancialmente las ventajas económicas de la aglomeración planificada, como mercados de consumo y trabajo mejor conectados, o la fluidez en la interacción de ideas que incrementa la productividad. Más aún, la falta de planificación de esta expansión, y el interés de sus promotores en maximizar el número de viviendas en el terreno conseguido, reducen la cantidad de espacios públicos disponibles e incluso el ancho de las vías de tránsito, lo que impone restricciones a la movilidad y genera ambientes poco saludables e inseguros. Trampas de pobreza e inequidades territoriales que confinan los sueños de progreso de nuestra sociedad.

¿Cómo salir de este modelo que genera incentivos perversos para la expansión informal? Quizás lo primero es aceptar que el Estado no puede renunciar a su rol planificador de la expansión de las ciudades. Esto significa no solo que se diseñen buenos planes urbanos a nivel local, sino que se tenga una verdadera política de desarrollo urbano intersectorial y articulada, y que los planes que se deriven de esta sean vinculantes con la priorización y asignación del presupuesto público. Vinculación que no existe en la actualidad. Hacer obligatorio que todo proyecto de inversión esté priorizado en el plan generará los incentivos necesarios para que los planes se discutan con seriedad, con participación de todos los actores, y puedan durar y renovarse más allá de los vaivenes del ciclo político.

Sin embargo, estos planes vinculantes son insuficientes. Se necesitan además soluciones de mercado que permitan a la vivienda formal competir con la oferta informal, y ganarle. Y en esto, el Estado también tiene un rol clave que cumplir. Por un lado, un operador público de suelo urbano, con capacidad para centralizar las docenas de procesos administrativos involucrados en la producción de vivienda formal, disponer del suelo público existente, y generar APP para la generación de vivienda social en suelo privado, es una solución probada y efectiva alrededor del mundo. Por otro lado, promover la creación de nuevos canales para la colocación de bonos y créditos hipotecarios que alcancen de manera masiva a los hogares que se mueven en la economía informal no es un problema de recursos, sino de voluntad política.

El debate público sobre ciudades y vivienda debería estar centrado en estos temas, que apuntan a soluciones sostenibles de largo plazo. De lo contrario, solo tendremos más viviendas precarias y ciudades ineficientes que limiten el desarrollo del país, en lugar de promoverlo.