El TLC que nos falta, por Gastón Pacheco

El Perú es en realidad dos países en uno. El país formal –aquel en el que las personas y las empresas tratan de cumplir las leyes– es moderno, tecnificado y competitivo; en este país, la remuneración promedio del trabajador es de S/.1.400 mensuales. Pero también hay un país informal, rezagado tecnológicamente y de baja productividad. En este otro país, la remuneración es de S/.440 en promedio, muy por debajo del sueldo mínimo legal. 

El problema es que tres de cada cuatro peruanos ocupados laboran en el Perú informal y ocho de diez unidades productivas actúan al margen de la ley. 

Es decir, el Perú formal es en realidad una pequeña burbuja inmersa en un país mucho más grande, con sus propias reglas de juego, que se ha multiplicado incontenible pese a la larga racha de crecimiento y prosperidad que vivió el Perú formal en la última década. Si dejamos las cosas como están, pasarían tres generaciones de peruanos antes de absorber la fuerza laboral dentro de la formalidad. 

Lejos de facilitar la integración entre estos dos países, las autoridades del Perú formal imponen crecientes controles y multas que lo alejan cada vez más del Perú mayoritario. Cuando una empresa del Perú informal quiere “exportar” un producto o servicio al Perú formal, debe pagar aranceles muy altos (léase IGV) y, por eso, recurre al contrabando (venta sin factura). 

Y si esta empresa quisiera trasladarse al país de la formalidad, la visa que se le exige la obliga a un sinfín de trámites engorrosos y costosos, quedando expuesta a un permanente e impredecible escrutinio (léase Sunat, Sunafil y demás). Por eso son muy pocas las empresas del Perú informal que migran hacia el territorio de la formalidad.

¿Es esto sostenible? En la Asociación de Exportadores (ÁDEX) creemos que no y por eso proponemos “firmar” un tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú formal y el Perú informal, lo cual pasa por reducir tanto los aranceles que el primero le pide al segundo como los requisitos de la visa que se exige a sus empresas. Es decir, mediante una reforma tributaria que sea aplicable a ambos territorios, una política laboral promotora del empleo y una profunda reforma del Estado que permita simplificar sus procedimientos y elevar su efectividad. 

Pero este cambio no debe significar un perjuicio para quienes se han mantenido en el Perú formal. Por ello, nuestra propuesta tributaria establece una reducción inmediata de 2 puntos en el IGV, la conversión de exoneraciones en impuesto de tasa cero (el Estado asume el subsidio y no las empresas) y la incorporación de gastos médicos y educativos, entre otros, al cálculo del Impuesto a la Renta de quinta categoría. Asimismo, la reducción del Impuesto a la Renta empresarial de 30% a 15%, la elevación del impuesto a los dividendos de 4,1% a 20% y la extensión del régimen simplificado del Impuesto a la Renta para las pequeñas y medianas empresas. Ello permitirá una mayor capacidad de gasto y un impacto dinamizador en la economía, pero, sobre todo, reducirá los incentivos perversos a la informalidad. 

En el campo laboral, planteamos un nuevo régimen general –con condiciones similares al régimen agrario, el más efectivo para la formalización del empleo de todos los existentes– que sería aplicable para las nuevas contrataciones, respetando así los derechos adquiridos por 4 millones de peruanos y permitiendo, al mismo tiempo, brindar una protección mínima, pero real, para los otros 11,5 millones que hoy están condenados a la más injusta exclusión: la del Estado de derecho. 

No dejemos que los intereses o la miopía de quienes hoy se benefician del statu quo prevalezcan sobre el bienestar de la inmensa mayoría de peruanos. 

La lista completa de las medidas laborales y tributarias de la propuesta de ÁDEX, la que esperamos sea debatida y enriquecida, está colgada en nuestra página web (http://propuestas.adexperu.org.pe).