La tragedia de Tía María, por Juan Mendoza

Cada día que pasa, Tía María es una tragedia, un sinsentido que no tiene justificación si nos interesa el desarrollo nacional. Repasemos las cuantiosas pérdidas por no llevar a cabo este proyecto.

Hay, para comenzar, un significativo costo directo producto de su postergación. Durante la fase de inversión del proyecto se invertirían alrededor de 1.400 millones de dólares. Como la inversión en la mina dinamizaría otras actividades, el producto bruto interno (PBI) se expandiría en alrededor de 2.200 millones de dólares durante la construcción de la mina. Una vez en operación, Tía María produciría 120.000 toneladas de cobre por año, las que permitirían incrementar nuestras exportaciones en 780 millones de dólares durante dos décadas suponiendo, conservadoramente, que no se encuentren más reservas durante la explotación. Cada año, estas mayores exportaciones tendrían un efecto multiplicador sobre el PBI de 1.220 millones de dólares.

El impacto total de este proyecto sobre el PBI del Perú, descontando los flujos futuros al 5%, sería cercano a 17.400 millones de dólares. El PBI del Perú en el 2015 será de alrededor de 193.500 millones de dólares. Así, la cancelación de Tía María es equivalente a elegir no incrementar nuestro PBI en aproximadamente 9%. A modo de comparación, no hacer el proyecto sería similar a prescindir, para siempre, del cultivo del arroz o de la papa, o a escoger no explotar nuestras riquezas marinas durante 20 años. Efectivamente, es de tal magnitud el despropósito de olvidarnos de esta inversión.

Si suponemos que tan solo el 10% del valor de las exportaciones se convertirían en Impuesto a la Renta, la postergación del proyecto le cuesta al Estado alrededor de 250 millones de soles anuales. El valor presente de los menores montos de Impuesto a la Renta es de más de 3.100 millones de soles. Ahora bien, los municipios cercanos a Islay perderán al menos 75 millones de soles cada año que no se lleve adelante Tía María. Es decir, cada habitante vecino recibirá 2.500 soles anuales menos en proyectos de inversión pública si la mina no opera.

Pero el costo fundamental de explotar Tía María sería la amenaza al Estado de derecho que ello supondría. ¿De qué le servirá a un ciudadano seguir las leyes y procedimientos cuando el propio Estado es el primero en ignorarlos e incumplirlos? ¿Qué utilidad puede tener reducir la llamada “tramitología” cuando las empresas que arriesgan su capital y apuestan por el país quedan absolutamente desprotegidas por el Estado? Además de la pérdida de credibilidad del Estado, no hacer este proyecto significará un enorme desaliento a las inversiones, tal como la suspensión de Conga lo ha ilustrado.

Y lo peor de todo es que no hay razón que justifique el suicidio colectivo de olvidarnos de Tía María. No hay argumento alguno para esperar una caída en la producción agrícola del Valle de Tambo. Más bien, los productores se beneficiarían con mercados más grandes y mayores recursos públicos para financiar mejoras en su productividad. Así, es una nueva triste victoria de quienes, disfrazados de defensores del medio ambiente, desinforman sistemáticamente a la opinión pública con falsedades que no resisten el menor análisis técnico. 

Tía María es de los peruanos y no puede dejarse a merced de grupos de presión. Es responsabilidad de todos a quienes nos interesa erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo de nuestro país evitar su paralización.