El fin supremo del Estado

El fin supremo de todo Estado es procurar el bienestar, garantizar las libertades y la defensa de su soberanía e integridad territorial, lo que comprende la seguridad de su población y de sus activos.

Deseamos seguir viviendo en un Estado constitucional de derecho. Ello implica respetar nuestra normativa. No puede haber democracia si escogemos qué normas o sentencias acatamos y cuáles no; esta arbitrariedad fagocitaría todo intento de vivir en una comunidad civilizada.

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Constitución, emitió hace un mes la sentencia 370/2022, que muchos encontramos controvertida o perjudicial. El dictamen –105 páginas– contó con la unanimidad de los seis votos hábiles, dado que el ilustre magistrado Augusto Ferrero Costa se encuentra de licencia.

El colegiado ha determinado que las personas condenadas que cumplieron su pena por terrorismo, homicidio calificado y feminicidio se encuentran rehabilitadas; es decir, reinsertadas en la sociedad y que gozan de los mismos derechos que cualquier peruano.

Ahora un asesino “rehabilitado” puede dirigir un colegio y tener contacto con niños. Abundo, cualquiera de los rehabilitados y reinsertados aludidos puede fundar un partido político, aspirar a un cargo de elección y ser efectivamente electo, incluyendo a la presidencia de la República. Obviamente, ‘in summa’, un terrorista rehabilitado puede jefaturar nuestros servicios de inteligencia.

Parece una estulticia, pero no lo es. Observemos la sentencia asistidos por cuatro irrefutables principios que emanan de la razón y de la verdad objetiva de los hechos que acontecen en nuestro país.

A la luz del principio de la primacía de la realidad, ¿los “rehabilitados y reinsertados” dejaron de coordinar delitos desde las cárceles? Lo dudo. ¿Mostraron arrepentimiento por los crímenes cometidos? Casi nunca. ¿Pidieron perdón? Rara vez. ¿Pagaron las correspondientes reparaciones? No lo recuerdo. ¿Reinciden en los mismos delitos? Frecuentemente sí. ¿Y constituyen hoy un mayor peligro que antes? Definitivamente sí.

A la luz del principio de la razonabilidad, ¿la sentencia nos expone al incremento de crímenes? Sí. Entonces, ¿resulta razonable la sentencia del Tribunal Constitucional? Definitivamente no.

A la luz del principio de la incapacidad material del Estado, ¿la sentencia nos garantiza mayor seguridad? De ninguna manera.

A la luz del principio de proporcionalidad, ¿la sentencia guarda proporción con el derecho de las grandes mayorías que deseamos vivir libres de violencia y de terror? Ninguna.

A mi juicio, y respetando la investidura de los magistrados, la sentencia emitida ha privilegiado muy importantes principios generales del derecho, pero se ha abstraído inexcusablemente de nuestra cruda y dura realidad y del derecho que nos asiste a las inmensas mayorías de vivir en paz.

Basta con subrayar dos ejemplos de “rehabilitados y reinsertados”. Antauro Humala purgó cárcel durante casi 18 años, jamás pidió perdón y ya libre volvió a delinquir cuando, megáfono en mano, invitó a sus seguidores a tomar Lima y fusilar a los 130 congresistas. Su prédica es apología del terrorismo y más. Subrayo que sigue libre, lo que me resulta inexplicable en todos sus extremos.

La camarada ‘Cusi’, importante líder de Sendero Luminoso, purgó pena por terrorismo y tampoco pidió perdón. Ha sido detenida por presuntos delitos vinculados a la violencia que nos acogota. Compréndase: jamás dejó de ser un importante cuadro senderista ayacuchano.

Pese a todo, nuestra manoseada democracia resiste a los terroristas y a los violentistas que, financiamiento ilegal mediante, conducen amenazas, asaltos, incendios, bloqueos, saqueos y disparan, hieren y matan; entiéndase, delinquen a sus anchas.

Los magistrados deben haber pensado que carecían de alternativas y erraron. Debieron conjuntar principios con necesidades en lugar de endosarnos semejantes desafíos. Ahora le toca al Estado asignar más recursos y redoblar esfuerzos para protegernos, porque ansiamos la paz.

Finalmente, encendidas las maquinarias electorales, los partidos deben postular candidatos empinándose por encima del principio de inocencia y a los electores nos corresponderá ser severos auditores.