¿Un nuevo “normal” del 2%?, por Alfredo Thorne

A pocos les sorprendió el desenlace entre el Ejecutivo y Legislativo y muchos han aplaudido la decisión del presidente Martín Vizcarra de haber cerrado el Congreso el 30 de setiembre. Sin embargo, como lo han indicado muchos especialistas en estas páginas, se abre un nuevo período de incertidumbre hasta que el Tribunal Constitucional (TC) emita opinión sobre la decisión y podría durar hasta que se elija al nuevo presidente en julio del 2021. Para la economía no hay peor cosa que la incertidumbre, pues, finalmente, la arquitectura económica se basa en la legitimidad de los contratos que firman los inversionistas con otros inversionistas o con los gobiernos. De esa claridad depende de que los inversionistas puedan ejecutar sus contratos en caso de que una de las partes incumpla, o conseguir financiamiento crediticio para los emprendimientos que se activan con dichos contratos. De allí la importancia del Estado de derecho para la economía.

La última vez que enfrentamos este nivel de incertidumbre fue cuando el expresidente Fujimori se reeligió por un tercer período en julio del 2000 y después renunció en noviembre del 2000. En el cuarto trimestre del 2000, la economía entró en una recesión que duró hasta que se eligió primero al gobierno de transición de Paniagua y después cuando juramentó el nuevo gobierno de Alejandro Toledo en julio del 2001.

Desde ese entonces nuestra economía ha cambiado mucho y es poco previsible que se repita ese episodio. La primera diferencia y la más destacable es la fortaleza de nuestra hoja de balance. Hoy el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene un monto de reservas que llegaría este año al 30% del PBI, así como el gobierno tiene un nivel de deuda bruta del 26% del PBI, y activos financieros que superan el 15% del PBI. Esto le permite al BCRP enfrentar cualquier tipo de volatilidad cambiaria: son tantas las reservas que, en teoría, el BCRP podría convertir todos los soles en circulación en dólares y dolarizar la economía; algo que no lo quisiera hacer, pero que indica el poder de su hoja de balance, y la razón por la que el tipo de cambio ha permanecido estable.

Algo similar ocurre con el Tesoro, que con sus activos disponibles podría comprar todos los bonos soberanos denominados en soles disponibles en el mercado. Claramente los inversionistas saben que cualquier volatilidad del precio de los bonos abre la posibilidad para el Gobierno para realizar una recompra a precios de remate.

El riesgo que abre esta mayor incertidumbre está en el ciclo económico. Por una parte, todos los indicadores de expectativas empresariales que recoge el BCRP muestran un deterioro desde mayo y en el pasado han servido como muy buenos predictores de la inversión privada. Afortunadamente ha habido una inercia y al tercer trimestre del 2019 tanto la inversión minera como la no minera se han desempeñado relativamente bien y esperamos que la inversión privada crezca 5,6%. Sin embargo, esta disincronía entre las expectativas y el desempeño de los indicadores de inversión no puede continuar y eventualmente uno de los dos tendrá que converger hacia el otro. Nosotros pensamos que un período de mayor incertidumbre podría resultar en una contracción en la inversión privada como ocurrió entre el 2014-16, y un largo período de crecimiento por debajo de su potencial del 3%. La sorpresa pareciera que es el consumidor, que ha mostrado una gran resiliencia, sostenido por la expansión del crédito y la emergencia de las clases medias, pero no habría que confiarse que no responderá a este entorno de mayor incertidumbre.

Más preocupante es la baja ejecución pública. El MEF nos ha indicado que a partir de este trimestre veremos un despegue en la ejecución, y explica que la subejecución se debe a las nuevas autoridades subnacionales. Nos parece que el problema es más estructural y que el Estado se ha vuelto disfuncional. Por una parte, como lo hemos apuntado antes, el problema está en la propia legislación de inversiones aprobada en setiembre del 2018 que complicó en exceso el proceso de inversiones; por la otra, están las secuelas de la lucha contra la corrupción que han hecho al funcionario público más renuente a firmar documentos.

Lo preocupante es que aun cuando el Gobierno tiene, en teoría, todos los elementos para implementar un programa de estímulo fiscal que haga retornar al crecimiento a su tasa potencial, en la práctica no tiene la capacidad de ejecución para llevarla a cabo. Como lo hemos visto con la reconstrucción del norte, aun cuando los fondos se asignen, muy probablemente las unidades ejecutoras no van a poder acompañar estas directivas.

Para muchos la disolución del Congreso abre la puerta para implementar una serie de reformas que habían sido postergadas. Yo sería bastante más modesto y focalizado en mis objetivos hasta que se elija al nuevo Congreso. La más importante es la decisión del TC. Sin seguridad jurídica poco se podrá hacer para atraer a la inversión privada. Segundo es el manejo del presupuesto y erradicar las ideas de una expansión descontrolada del gasto corriente y aumento de salarios como sostienen algunos. Finalmente, limpiar la tubería de la ejecución de la obra pública y de las asociaciones público-privadas (APP), que están atracadas en la misma legislación y en el exceso de tramitología. De no poder enfrentar a tiempo estos retos corremos el riesgo de llevar la economía a una nuevo “normal” de crecimiento del 2% –nuestros estimados indican un crecimiento del 2% este año y 2,5% el siguiente–.