Un Perú más sostenible pos-COVID-19, por Lisa Viscidi y Nate Graham

La economía peruana se ha visto devastada por el COVID-19, pero cuando el país empiece a reconstruir en la estela del virus, tendrá una oportunidad para enfocarse en la lucha contra el cambio climático y crear un modelo de desarrollo más sostenible. Las industrias extractivas, centrales para la economía peruana, son una fuente de ingresos que podría contribuir a aprovechar esta oportunidad.

En diciembre, como parte de la actualización de sus compromisos bajo el Acuerdo de París, el Perú incrementó su meta de reducción de emisiones al 2030 de un 20% a un 30% en relación con la trayectoria actual. Esta reducción requerirá mayor acción en el cambio de uso de suelo, silvicultura y energía, que juntos representaron 3⁄4 de las emisiones en el 2017. De igual manera, el Perú enfrenta grandes riesgos ante los impactos del cambio climático, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías que el país debe prepararse para mitigar.

El Perú necesita fondos para enfrentar el cambio climático mientras que grandes cantidades correspondientes a regalías y cánones son transferidas a gobiernos locales. En el 2018, los gobiernos subnacionales recibieron 7,5 mil millones de soles en ingresos por actividades relacionadas a la minería e hidrocarburos, lo que equivale a casi el 5% del presupuesto del gobierno nacional en el 2018.

Sin embargo, nuestro análisis de proyectos financiados por ingresos extractivos a nivel subnacional solamente identificó 26 relacionados al cambio climático desde el 2010, contabilizando un 0,01% o menos del gasto total anual de ingresos extractivos, excepto en un año. La gran mayoría de estos proyectos están relacionados con el manejo de inundaciones, y solo algunos encajan en categorías como reforestación, resiliencia a sequías, y ganadería sostenible.

Dichos fondos subnacionales pueden traer desarrollo sostenible a las comunidades y regiones en donde las actividades extractivas se llevan a cabo, aunque existen varias barreras. Primero, los recursos por regalías y cánones se encuentran altamente concentrados en las jurisdicciones productoras, lo que significa que generalmente los gobiernos subnacionales no pueden ejecutar todas las sumas que reciben. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en promedio solo un 66% de los fondos por cánones y regalías fueron gastados entre el 2009 y el 2018.

Asimismo, las autoridades locales carecen de la experiencia y la capacidad técnica requeridas para desarrollar proyectos de cambio climático. Aunado a eso, los proyectos a corto plazo y con gran visibilidad son de mayor popularidad para oficiales locales, que aquellos proyectos con beneficios a largo plazo y que son menos tangibles, como los que están relacionados con el cambio climático. Por lo tanto, no es sorpresa que el sector transporte sea el que reciba la mayor proporción de gasto proveniente de regalías y cánones.

De igual forma, la concentración de fondos en áreas rurales productoras y unas pocas municipalidades desfavorece a proyectos como transporte eléctrico, que tienen mayor relevancia para áreas urbanas, y proyectos a gran escala como la reforestación en el Amazonas.

En consideración de eso, hay pasos que el Gobierno puede tomar para sobrepasar las barreras mencionadas. Se puede empezar por una estrategia nacional de gasto de regalías y cánones que incluya explícitamente el cambio climático o que contenga un porcentaje mínimo dirigido al mismo. Como parte de dicha estrategia, el Gobierno puede proveer de mayor asistencia técnica a los gobiernos subnacionales para realizar planes y proyectos. Reformar el sistema de redistribución de fondos de cánones y regalías para incluir a las áreas no productoras podría ayudar a esparcir este modelo de desarrollo sostenible a lo largo y ancho del país, y de esa manera incrementar la proporción de ingresos extractivos realmente utilizados.

Finalmente, mientras el Gobierno Central busca revitalizar la economía luego del COVID-19, se podría enfatizar la acción en el cambio climático a través de “estímulos verdes” y alentar a los gobiernos subnacionales a que utilicen sus ingresos extractivos en proyectos sostenibles que también generan empleos, como electrificación rural renovable, reforestación, e infraestructura resiliente.

Con este enfoque, el Perú tiene una oportunidad para transformar su modelo económico hacia uno que sea sostenible y resiliente al cambio climático, y que esté alineado con sus compromisos climáticos, todo mientras se crean empleos.

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