El proyecto de vacuna desarrollado por el laboratorio Farvet, del veterinario Manolo Fernández y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), forma parte del argumento de campaña de algunos candidatos presidenciales. No obstante, debemos revisar con cuidado las afirmaciones al respecto.
Esta semana, Rafael López Aliaga compartió en redes una imagen –del fanpage Moqueguanos.com –que le atribuye a Fernández la frase: “una dosis de la vacuna Sinopharm le costó US$72 al Gobierno y no se sabe si llegará, yo con US$72 produciría 2 mil dosis y mucho más eficaces”.
Hace tres semanas, el propio López Aliaga señaló en TV que “era una estupidez que al señor Manolo Fernández lo tengan aislado, siendo [la suya] una vacuna que es mejor que todas juntas”. Propuso nombrarlo ministro de Salud.
¿Son ciertas las afirmaciones del candidato de Renovación Popular? No. Toma como válidos los dichos de Fernández sobre la eficacia de un producto aún en desarrollo; y respalda la afirmación sobre la falta de apoyo estatal.
Hace pocos días se publicó el preprint del estudio de Farvet, en donde señala que su candidata a vacuna muestra muestra “evidencia de seguridad e inmunogenicidad, y provee fuerte protección contra el SARS-CoV-2. Se deben realizar pruebas clínicas para evaluar su seguridad y eficacia en humanos”. Aún no se sabe si servirán en humanos. Esta vacuna aún no existe.
Sobre la falta de apoyo, Farvet y la UPCH recibieron financiamiento del Concytec. Por su viabilidad, Farvet continuó con el de vacuna nasal, que fue financiado por el mismo laboratorio.
Más que la viabilidad del proyecto, en este caso hay un problema de confianza. En mayo del 2020, Fernández anunció que en setiembre iniciarían las pruebas en humanos. Luego, en octubre, dijo que sería entre noviembre y diciembre. Ese mes, el investigador principal del proyecto, Mirko Zimic, afirmó que se podría tener lista la vacuna para fines de julio del 2021. Todo sin haber terminado el ensayo en animales.
En declaraciones a El Comercio (25/01/21), Fernández reconoció que terminarían la investigación en animales y dejarían el proyecto a disposición de quien quiera continuarlo. “Más son los problemas que los beneficios”, dijo.
Pero el veterinario ha seguido denunciando la falta de apoyo a su proyecto. Olvida que para los ensayos clínicos no solo falta la autorización de la Digemid y el INS, sino infraestructura adecuada y certificada que no tiene el Perú. ¿Todo eso estaba considerado cuando daban plazos que no cumplieron?
Sería ilógico no apoyar un proyecto para el desarrollo de una vacuna, pero si no hay transparencia en el proceso la desconfianza juega en contra.
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