Una oportunidad para la niñez y adolescencia

El COVID-19 llegó al Perú, y el Ejecutivo reaccionó rápidamente para minimizar su impacto en la salud y la vida de la población. Las importantes medidas fiscales para atenuar el impacto de la crisis sobre la población en pobreza, pobreza extrema y aquellos en situación de vulnerabilidad, que no están cubiertos por los programas sociales, podrían verse potenciadas si el Estado y las familias siguen priorizando la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Así, Fernando y Teresa, dos adolescentes de Carabayllo cuyos padres pertenecen a la fuerza laboral informal, no estarán en peligro de abandonar sus estudios.

El efecto de la suspensión abrupta y prolongada de las actividades económicas afectará a esta enorme proporción de la población que habita el territorio nacional, de manera particular a hogares como los de Fernando y Teresa que día a día se procuraban el sustento.

El desempeño macroeconómico responsable que le ha dado al Perú el espacio fiscal para implementar las medidas de protección social y contracíclicas no impide que volver a la pobreza sea más fácil que salir de ella. El 75% de las unidades productivas opera desde el sector informal, que representa 18% del PBI y emplea a más de 70% de la PEA.

Cepal estima que tras la pandemia el PBI regional decrecerá 1,8% en el 2020, lo que podría aumentar en 10% el desempleo, y en cerca de 20% la incidencia de pobreza en América Latina y el Caribe.

Lamentablemente, ante la disminución de sus ingresos, las familias buscan sobrevivir y en ese intento afectan a sus propios hijos, que ven reducidas la cantidad y calidad de la dieta, la menor atención a su salud, el incremento de la violencia en el hogar, la deserción escolar y el trabajo infantil, especialmente entre las niñas y las adolescentes. A ellas suele encargárseles tareas de cuidado del hogar y de los niños más pequeños ante el cierre de las escuelas y los centros de cuidado y desarrollo infantil.

Los más afectados e invisibles en una emergencia suelen ser los niños, niñas y adolescentes. Ellos están más afectados por la pobreza que la población adulta desde antes de la contingencia. Esta situación es aún más grave para aquellos que, debido a su lugar de residencia, género, pertenencia étnica, origen nacional y condición de discapacidad, son las víctimas principales de la desigualdad.

El Perú conmemora en setiembre treinta años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hacer de esta crisis una oportunidad para construir un sistema integral y universal de protección social, pertinente para su niñez y adolescencia, sus ciudadanos del bicentenario, sería la mejor forma de asegurar que Fernando, Teresa y los más de diez millones de niñas, niños y adolescentes que viven en el Perú no queden aislados del progreso del país.

El Comercio mantendrá acceso libre a todo su contenido relacionado al coronavirus.