Unión civil: La razón sigue avanzando, por Carlos Bruce

Ya hace más de un año sometimos al debate público un tema importante que no podía continuar siendo relegado por más tiempo ni seguir siendo tratado como un tabú: la unión civil entre personas del mismo sexo. Ello, a razón de eliminar la inequidad existente y la urgente necesidad de reconocer los derechos civiles de cerca de tres millones de peruanos y peruanas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, situación tan elemental como la que corresponde a cualquier pareja de ciudadanos heterosexuales.
Así, en estos meses la iniciativa legislativa ha recibido las opiniones favorables del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Cuatro de las principales instituciones técnicas del Estado relacionadas a temas de justicia y derechos humanos se han pronunciado a favor de que nuestra legislación regule las uniones de personas del mismo sexo. 
Con ello, esas instituciones han desbrozado el camino para el cabal reconocimiento jurídico de la unión civil. Este debe ser libre de toda discriminación de cualquier índole y sentar el reconocimiento al derecho a la igualdad y libertad que toca a todo ser humano, debiendo las parejas homosexuales ser tratadas de la misma manera que las parejas heterosexuales, permitiéndoseles llevar a cabo el proyecto de vida en común que han elegido dos personas del mismo sexo mayores de edad y así contribuir a su realización como seres humanos en la sociedad.  
A dichos criterios, cabría agregar además las opiniones favorables expuestas tanto por las Naciones Unidas, máxima organización internacional defensora de los derechos humanos, como la vertida por Amnistía Internacional, movimiento global que vela por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas alrededor del mundo.
En este sentido, tanto por las opiniones formuladas por las cuatro instituciones estatales encargadas de velar por la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país, como por las de las dos entidades globales, la causa reivindicativa de derechos fundamentales de la numerosa población no heterosexual en el Perú ha logrado un formidable respaldo en su fundamentación jurídica por basarse en valores supremos inherentes al ser humano. Sin lugar a dudas, un logro en la batalla de las ideas que hemos ganado.
Por tanto, debe quedar claro que el proyecto de ley de unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo no es solo jurídicamente constitucional, sino que urge la necesidad de su aprobación por tratarse de derechos fundamentales de personas totalmente normales que estudian, trabajan y producen en su país y contribuyen con sus impuestos al Estado para poder recibir de él los servicios públicos y la tutela de sus derechos. 
Estamos, pues, ante una realidad que exige en este momento la idónea posición del Estado en su deber de garantizar el ejercicio cabal de los derechos de un importante sector de la población. Como vemos, la causa por una sociedad libre, digna, incluyente y tolerante sigue avanzando por la fuerza de la razón, a pesar de los miedos y prejuicios morales que como estamos observando caen en infundados, no existiendo con ello razón sensata que nos lleve a rechazar esta iniciativa legislativa.