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En las últimas semanas, el país ha sido sacudido por una dolorosa revelación: 524 denuncias de abusos sexuales perpetrados por docentes contra niñas en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Aunque el número es alarmante, no debería sorprendernos completamente. Durante años, se ha alertado sobre este flagelo social, pero la indiferencia y la falta de acción efectiva han permitido que la impunidad continúe.
En el 2017, cuando me desempeñaba como ministra de Educación, el Minedu presentó un informe titulado “Desenrollando la madeja de la impunidad”. Este estudio desnudó una cruda realidad: el 15% de los nacimientos en Condorcanqui eran de madres adolescentes, una tasa alarmantemente alta en comparación con el promedio nacional.
El panorama no ha mejorado significativamente desde entonces. En octubre del 2023, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley esencial para eliminar la prescripción de los delitos sexuales cometidos por docentes y asegurar su inhabilitación de por vida. Sin embargo, el Congreso decidió posponer su discusión, priorizando temas como el pago extraordinario de bonificaciones por la preparación de clases. Esta distorsión de prioridades y la inacción política perpetúan la permanencia de los perpetradores en sus cargos educativos, poniendo en grave riesgo la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Garantizar el despido y la inhabilitación permanente de los profesores denunciados abre una situación compleja, ya que actualmente no hay suficientes maestros que dominen lenguas nativas para la enseñanza en zonas con alta población indígena. La brecha en la formación de docentes interculturales bilingües es alarmante: se necesitan alrededor de 25.000 maestros. Lamentablemente, los programas necesarios para cerrar esta brecha aún no se han materializado en políticas públicas efectivas.
Organizaciones de la sociedad civil, como Care Perú, han lanzado iniciativas valiosas. Sin embargo, estos esfuerzos resultan insuficientes sin un marco legal robusto que respalde tales iniciativas y garantice la seguridad en los entornos educativos. Es imperativo entender que ningún estudiante debería temer ir a la escuela. La educación no solo debe impartir conocimientos académicos, sino también salvaguardar la integridad de los estudiantes.
El caso de Condorcanqui debe ser un llamado urgente a la acción. Necesitamos leyes que reflejen un compromiso real con la protección de los más vulnerables. El Congreso debe actuar rápidamente para aprobar el proyecto de ley que previene la prescripción de los delitos sexuales y garantiza que los perpetradores sean castigados y apartados permanentemente de cualquier función educativa. Es momento de exigir el cambio y comprometernos a construir un país donde la educación sea un refugio seguro de bienestar y desarrollo para todos.
