Los vaivenes del Gobierno Abierto, por Elaine Ford

Las democracias contemporáneas suponen nuevos desafíos que van acorde al desarrollo de los Estados, a la explosión tecnológica y a las nuevas demandas de sus ciudadanos. En este marco surgió en el año 2011 una iniciativa global denominada la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) cuyos esfuerzos han sido muy audaces respecto a la cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil con el fin de promover la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información pública y el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. 

En el año 2012 el Gobierno peruano asumió este desafío adoptando la Declaración de OGP. Este nuevo compromiso fue cálidamente recibido no solo por las autoridades del Ejecutivo en ese entonces, sino también por las diversas organizaciones de la sociedad civil que empezaron a trabajar articuladamente en el primer Plan de Acción 2012-2014, que incluyó 22 indicadores cumplidos parcialmente. Adicionalmente, el Gobierno Abierto se convirtió en un eje de la Política Nacional de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo. Desde entonces, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM ha sido la entidad responsable de velar por su seguimiento. 

Hoy en día este entusiasta escenario parece desvanecerse. Los reiterados cambios de Premier en el transcurso del año han generado un estancamiento de los avances realizados en el marco de la OGP. El Plan de Acción 2014-2016 aún no ha sido aprobado y esto ha generado una señal de alerta en las autoridades internacionales, quienes han establecido nuevos plazos para el Perú. En el plano doméstico, las organizaciones de la sociedad civil se muestran muy escépticas y no dispuestas a seguir cooperando en estas condiciones. 

Lo cierto es que sería un grave error de parte del Gobierno actual el retiro de OGP. En primer lugar, porque es un compromiso asumido y no nos podemos mostrar como un país poco serio, no dispuesto a cumplir con los principios y mandatos que de ahí se desprenden. En segundo lugar, porque los niveles de corrupción que invaden nuestro país son alarmantes. De acuerdo al reciente Índice de Transparencia Internacional el Perú obtuvo 38 puntos sobre 100, lo que nos ubica debajo del promedio. Adicionalmente, los peruanos somos testigos de los permanentes actos corruptos, que involucran a autoridades y revelan el tejido mafioso que está carcomiendo nuestra sociedad. 

Y otro aspecto importante a considerar, es que en la actualidad los foros políticos y organizaciones multilaterales establecen que un componente del desarrollo es el fortalecimiento de la democracia mediante el uso de la tecnología. Las plataformas digitales debieran ser el mejor instrumento para lograr Estados más honestos, modernos y eficientes y para fomentar una mayor colaboración entre la ciudadanía y las autoridades. Algo, además, en lo que la OGP hace mucho énfasis y que países en la región como Chile y México, que también integran junto al Perú la Alianza del Pacífico, han sido capaces de adoptar a beneficio de sus ciudadanos. 

Si el Perú quiere convertirse en un país competitivo y alcanzar los niveles de desarrollo deseados, debe apostar por estos temas de tendencia internacional y de gran necesidad nacional. No basta con suscribir declaraciones, porque si no se le pone empeño el esfuerzo es en vano y el daño muy grande.