Un pañal, un pequeño chullo y un roponcito de lana son exhibidos en el Lugar de la Memoria. Son la muestra de la brutalidad y la barbarie que vivió el Perú en los años del terrorismo y que les costó la vida a más de 60.000 peruanos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) tuvo la titánica tarea de reconstruir hechos como los descritos anteriormente para poder fijar la verdad histórica de nuestro país. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin memoria, un pueblo incapaz de impedir que se cometan los mismos errores del pasado.
El 28 de agosto del 2003, la CVR entregó su informe final sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000. En ese momento, el Perú había sido devastado por la insana violencia terrorista, que dejó muertos y también pérdidas económicas, además de una generación que vio sus libertades limitadas, víctimas del miedo y del riesgo permanente de morir.
En el 2001, nuestro país había iniciado un proceso de reconstrucción democrática y estaba urgido de verdad. Pero la verdad en un país con grandes fracturas como el nuestro requería, además, de reconciliación.
Los nueve tomos del informe final de la CVR resumen el duro impacto y el costo económico, pero sobre todo el costo humano de la violencia. Fueron 69.280 personas muertas y desaparecidas, familias desintegradas que aún hoy sufren la ausencia y la imposibilidad de haber enterrado a sus muertos con dignidad, sin contar las secuelas que ha dejado en todos la violencia. Hay que decirlo, algunos agentes del Estado fueron victimarios, pero muchos otros fueron también víctimas.
Transcurridos 20 años desde su publicación, me hago la pregunta: ¿Qué hemos hecho con la verdad? El informe ha brindado pistas para superar y, sobre todo, prevenir aquella fatídica experiencia histórica. Nos mostró que necesitamos desterrar la desigualdad y la pobreza.
Una sociedad que discrimina y excluye por raza, sexo, orientación sexual u origen es una sociedad que cae fácilmente en la injusticia y permite que la violencia opere sin control entre ciudadanos y desde el Estado.
Veinte años después, vemos que la derrota militar de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru no se ha convertido también en una derrota política e ideológica. Vemos cómo se va normalizando la presencia de integrantes del Movadef en la política peruana, en el sindicalismo y en algunas de las organizaciones que mueven las protestas sociales. La línea que separaba radicalmente a la democracia del totalitarismo se ha diluido en los últimos años.
El informe de la CVR no solo es el retrato más descarnado del Perú contemporáneo, sino la herramienta principal de prevención frente a nuevas amenazas antidemocráticas que podrían poner en riesgo a la nación, al Estado de derecho y a los derechos humanos.
Nuestro país sigue sin curar heridas, pues, aunque el crecimiento económico es real, las desigualdades se mantienen, la exclusión y la discriminación siguen siendo reales. La clase política ha dejado en el olvido la reconciliación y ha aportado muy poco en el diálogo y la tolerancia, elementos indispensables para construir una nación estable y próspera.
Es momento ahora de mirar hacia atrás para apostar por las nuevas generaciones. Y eso implica un compromiso pedagógico de enseñar en profundidad lo que fue el horror de Sendero Luminoso, así como las violaciones de los derechos humanos cometidas por algunos agentes estatales. Solo entonces redescubriremos el valor del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no como un libro cerrado, sino como un libro abierto al que los jóvenes acudan para discutir sobre el Perú y sus problemas.