Vía hacia la igualdad, por Marcela Huaita

El miércoles 20 de mayo se publicó en este Diario la columna “Con ayudita no vale”, que cuestiona la efectividad de la ley de cuotas. Sin embargo, desde que en 1997 se aplicó en el Perú una norma para promover la participación de las mujeres en la política (la medida exige actualmente al menos la inclusión de un 30% de personas de un sexo en las listas de candidaturas), las cosas han cambiado notablemente. En 1995, antes de la ley, el porcentaje de mujeres congresistas elegidas era 10,8% y hoy tenemos 22,3%. En 1995, el porcentaje de mujeres en concejos municipales era 8%, mientras que en las últimas elecciones ha sido 23%. De igual modo, las mujeres han ocupado el 25,6% de las regidurías provinciales y el 29,1% de las regidurías distritales. Es evidente que hay un importante avance.

No obstante, la ley no ha sido suficiente para lograr una representación proporcional en la política (somos alrededor del 50% de la población y nos representan menos del 30% de mujeres). Dejar que la sociedad cambie por sí sola, en una sociedad históricamente desigual como la nuestra, podría tardar décadas, y nuestro país no tiene tiempo que perder. El Perú necesita avanzar a paso firme en la resolución de sus problemas y reforzar la ley de cuotas es el imperativo que la realidad nos plantea hoy. 

Las cuotas disminuyen situaciones de desventaja y por eso son alentadas a escala internacional como un asunto de derechos humanos y de fortalecimiento del Estado de derecho. Para reforzarlas, primero debemos regular su aplicación y definir la concurrencia con otras cuotas, los mecanismos de reemplazo de candidaturas y la efectiva aplicación de sanciones (como negar la inscripción de las listas que no las cumplan). En esta línea, el Jurado Nacional de Elecciones presentó una propuesta de ley que está a la espera de debate. 

Pero también está pendiente complementar las cuotas con un mandato de posición. Esta es la alternancia que ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo y por otros seis proyectos de ley, y consiste en que en las listas haya ubicación alternada y secuencial entre hombres y mujeres (una mujer seguida de un hombre o un hombre seguido de una mujer) desde la primera ubicación hasta alcanzar la cuota vigente. 

En la región nueve países aplican el mandato de posición porque el lugar que se ocupa en las listas es clave: quienes están en la primera mitad tienen más posibilidades de elección. Si las mujeres no van en esos puestos, sus candidaturas no son realmente viables. La alternancia corrige esta situación. 

Si queremos igualdad, debemos corregir cuanto antes situaciones estructurales de exclusión. La evidencia muestra que las trabas para las mujeres en la esfera política no están relacionadas con su falta de capacidad o de méritos, sino con un sistema de creencias y prácticas históricas que las excluyen y los estados tienen la obligación de asumir un rol activo para revertir esta situación.

Fuimos el penúltimo país de América Latina en reconocer el voto femenino y tardamos en adoptar las cuotas; no dejemos al Perú a la zaga, aprobemos la alternancia para fortalecer la democracia. No hay desarrollo sostenible sin la participación de todos y todas.