El problema cultural es el olvido

“¿Existen casos de violencia sexual en la escuela?”. “Sí”, respondieron 19 de los 56 docentes encuestados por la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, que emitió un exhaustivo informe en el 2019 con 200 recomendaciones, bajo la presidencia del congresista Alberto de Belaunde, que evidenció la alarmante situación de las escolares en la provincia de Condorcanqui y otros graves abusos sexuales en otras organizaciones como el Sodalicio.

Sobra ya calificar las desdichadas declaraciones del ministro Morgan Quero y el resto del Gabinete que corearon sus prejuicios contra la población wampis y awajún. Lo importante ahora es que este gobierno resarza su acumulada deuda con la infancia y de una vez tome medidas integrales, urgentes y contundentes. Condorcanqui no es un caso aislado, tampoco la región Amazonas. Registramos 8.512 denuncias de violencia sexual en los centros de emergencia mujer en el ámbito nacional, solo entre enero y mayo de este año. Dos de cada tres, en agravio de menores de edad. Las organizaciones de defensa de los derechos de niños y mujeres –esas que tanto fastidio generan a este gobierno y a parte del Congreso– nos alertan que hemos pasado de 850 nacimientos de bebes con madres menores de 15 años en el 2014 a 1.349 en el 2023. Criaturas de 12, 13 o 14 años que deberían estar corriendo detrás de una pelota o soñando con ser astronautas ven truncados sus sueños por culpa de un violador que probablemente quede impune.

No más diagnósticos. En el caso de Condorcanqui, existe incluso un informe de la contraloría, que en el 2019 señalaba que 177 denuncias contra docentes por delitos sexuales no fueron atendidas según el procedimiento establecido ni los directores de la UGEL las comunicaban al Ministerio Público para cautelar a los menores.

Mientras tanto, el liderazgo antediluviano de la congresista Jáuregui consiguió que la Comisión de la Mujer aprobase el proyecto de ley para que la educación sexual de las escuelas deje de ser obligatoria y dependa de los tutores, así estén denunciados por violencia. ¿Cómo va una niña a pedir ayuda si no accede a información que le haga saber que tiene derechos sobre su cuerpo?

Es imperioso ser implacable con los agresores, proteger a los funcionarios que denuncian y reconocer a los buenos maestros y maestras que escuchan y resguardan a las víctimas desde los lugares más recónditos de nuestro territorio, y que en estos momentos están abandonados a su suerte.