El voto trans, por Daniela Meneses

No sé si ella, como yo, tuvo que pasar una hora bajo el sol. Tampoco si, también como yo, pasó el tiempo conversando con la persona detrás de ella en la cola. Imagino que no. Sí estoy segura, sin embargo, de que su historia fue otra en la mesa de votación. Yo presenté mi DNI y a los dos minutos ya estaba con un pie fuera del colegio. Ella se encontró con tres miembros de mesa que, entre burlas, le dijeron que tenían dudas sobre su identidad. Tuvo que esperar la llegada de miembros de la ONPE y de la policía. Se llevaron su DNI para verificar si la mujer que tenían delante era el hombre de ese DNI. Vieron que sí. “Avergonzados me dieron mi documento, pero ya me habían expuesto frente a todxs”. 

Son 155 los testimonios que recoge el informe sobre voto trans publicado la semana pasada por los colectivos No Tengo Miedo, Féminas y DTM. En 39 de los casos documentados, las personas reportaron haber sido víctimas de discriminación, acoso o violencia al intentar ejercer su derecho. No solo vino de autoridades, sino también de otros votantes. 

Es cierto que es mucho lo que, como sociedad, tenemos que avanzar en términos de tolerancia y discriminación. Que hoy en día ninguna ley te obliga a verte igual que en tu DNI para poder votar, cosa que una sociedad menos prejuiciosa entendería bien. Pero también es cierto que hay un culpable más de que esa mujer, esas mujeres, esos hombres, se encuentren en una situación indefensa: el Estado. 

Me explico. En Argentina –un país que, a diferencia del nuestro, sí cuenta con una ley de identidad de género– una persona trans que quiera cambiar el sexo, nombre o imagen en su documento de identidad solo tiene que presentar una solicitud simple en un procedimiento administrativo. No se le puede pedir certificados de reasignación quirúrgica, de terapias hormonales ni de tratamientos médicos. En el Perú, en cambio, la situación es otra.

De acuerdo con Gisella Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la falta de una política única sobre el derecho a la identidad se traduce en que a veces los jueces aceptan las solicitudes de cambio de nombre, pero no siempre. Que a veces el proceso se demora cuatro o cinco meses, a veces un año, a veces más. Que en algunas regiones los jueces son menos conservadores que en otras. Que más fácil es que tu nuevo nombre sea ambiguo, como Michel o Andrea. Y que, aun cuando el juez haya autorizado el cambio de nombre, el Reniec puede poner trabas para ejecutar el cambio. En otras palabras, en el Perú el reconocimiento del derecho a la identidad es básicamente una timba. 

Más difícil todavía es el cambio de sexo en el DNI. Para comenzar, te pueden pedir pericias psicológicas y exámenes médicos para ver si te cambiaste de sexo. Aunque los entregues, es probable que te nieguen la solicitud. Y si decides llevar tu petición hasta el Tribunal Constitucional para exigir que se respete tu derecho a la identidad... suerte. Ya antes se ha pronunciado en contra de este tipo de solicitudes.

La intolerancia, nuestra pobre legislación y los precedentes del Tribunal Constitucional no solo afectan, por supuesto, a la población trans cuando tiene que ir a votar. Se trata de una realidad que trasciende el ejercicio de los derechos políticos. El mismo problema se repite cuando tienen que atenderse en un hospital, cuando tienen que inscribir a sus hijos en los colegios, cuando compran un pasaje, cuando van al gimnasio... cuando buscan un trabajo. Un nombre, una cara, un género, una vida que no encaja con un documento azul tan pequeño que cabe en nuestro bolsillo es suficiente para forzar a las personas trans a salir del clóset diaria y violentamente frente a personas que probablemente nunca volverán a ver en su vida. El Estado, que debería más bien protegernos, está fallando en lo más esencial de todo: reconocer quiénes somos.