Vuelven los revocadores, por Percy Medina

La oposición venezolana ha depositado en el proceso revocatorio todas sus expectativas para alejar a Nicolás Maduro del poder. Utilizando un instrumento que el propio Chávez introdujo en el ordenamiento venezolano buscan desplazar al chavismo del gobierno. Una noticia de los últimos días, sin embargo, ha alterado sus expectativas. El Consejo Nacional Electoral ha señalado que, si se cumplen los requisitos, la consulta recién se haría el próximo año. Este hecho cambia radicalmente los incentivos para apostar por esta salida, porque si la consulta se desarrolla después del 10 de enero y Maduro es revocado, quien asume es el vicepresidente y no hay nuevas elecciones. 

En el Perú, desde la vigencia de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos que regula los instrumentos de democracia directa introducidos por la Constitución de 1993, miles de opositores han tratado de alejar del poder a autoridades elegidas. Como en el caso venezolano, el gran incentivo ha sido el adelanto de las elecciones y con ello la posibilidad de suceder a los revocados. 

Aunque esta situación fue tempranamente señalada, no hubo conciencia de este pernicioso ejercicio hasta que, hace tres años, Lima tuvo su propia revocación. Vivido el proceso de cerca, rápidamente se llegó al consenso de que era necesario reformar la ley. La reforma se dio en varios aspectos pero lo más relevante fue eliminar la posibilidad de nuevas elecciones. Se pensó que con ello desaparecería el incentivo principal para la multiplicación de revocadores. ¿Se ha logrado el objetivo? Veamos una rápida comparación entre las compras de kits del período pasado y las de este ejercicio.

En los primeros cuatro meses de venta se han adquirido casi 700 kits, no muchos menos que en períodos anteriores. A lo largo del 2012, el primer año en que podía iniciarse la revocación de las autoridades instaladas en enero del 2011, se vendieron 2.247 kits, es decir 749 por cuatrimestre en promedio. 

Una mirada al tipo de circunscripciones involucradas muestra también cosas interesantes. El porcentaje de compras de kits para revocación de gobernadores regionales ha disminuido a la mitad (de 5% del total de kits a 2,5%). Una explicación podría asociarse con que en el 2012 más del 20% de iniciativas se concentró en dos regiones, Áncash y Lima. Pero incluso retirando esas dos regiones de la lista, el porcentaje de iniciativas en el ámbito regional ahora es significativamente menor que en el período anterior. En el ámbito provincial también se registra una ligera disminución pero solo del orden del 10%. Donde parece mantenerse firme la euforia revocadora es en los distritos, particularmente en los más pequeños. Llama la atención ver que en muchos de ellos hay más de una iniciativa, como en Punta Negra, uno de los menos poblados de Lima, que registra tres. O San Luis, en Cajamarca, con menos de mil electores y que registra seis iniciativas.

Ahora que se anuncia una reforma política resulta también pertinente una evaluación del funcionamiento de la consulta de revocación y de otros mecanismos de control como la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. Estos dos últimos casi no se han empleado, aunque recientemente un colectivo ciudadano ha emprendido un recojo de firmas para plantearle al alcalde de Lima una demanda de rendición de cuentas. Así como la revocación de Susana Villarán inspiró una reforma importante, tal vez esta iniciativa, de prosperar, aporte también elementos para una evaluación del mecanismo. 

La respuesta final acerca de la eficacia de la reforma realizada en materia de revocación la tendremos a mitad del próximo año, ya que ahora este instrumento tiene un calendario fijo. El 11 de junio del 2017 se realizarán todas las consultas derivadas de los actuales procesos de recolección de firmas. Por lo pronto parece que la eliminación de las nuevas elecciones no desincentivó a los revocadores o, lo que es más probable, estos aún no se han enterado de la reforma.