Otra vez, en pocos días, hemos conocido varios casos de violación sexual contra niñas y niños. Estos casos son muy frecuentes en nuestro país: 15 menores son víctimas de violación cada día. Ante estas cifras de espanto, nuestras autoridades han planteado adoptar la castración química y la pena de muerte. En este breve artículo, explicaré por qué ninguna de estas medidas es efectiva y cómo es que su propuesta es un llamado al punitivismo (es decir, a incrementar sanciones penales sin considerar su eficacia o viabilidad).

Primero, la castración química. En este medio ya se ha explicado que es reversible, costosa y no es 100% eficaz, pues depende de que la persona reciba una medicación cada cierto tiempo. Pero, además, jurídicamente no elimina el problema de las violaciones sexuales. Nuestro propio Código Penal reconoce que una agresión sexual se puede realizar con la boca, las manos u otros objetos. Impedir que un agresor sexual tenga una erección no impide que esa persona pueda violar o agredir nuevamente a la misma víctima o a otra. Los países que han adoptado esta medida no han reducido los casos de violencia sexual. Esto se debe precisamente a lo anotado líneas arriba: incluso sin una erección, un agresor sexual puede violar a su víctima.

Segundo, la pena de muerte. Al igual que con la castración química, no hay evidencia de que imponer la pena de muerte reduzca delitos. Pero hay otros problemas: (1) existe la posibilidad de que se imponga la pena de muerte a una persona inocente (en Estados Unidos, casi 200 personas inocentes han sido ejecutadas desde 1973); (2) en nuestro país, menos del 30% de la ciudadanía confía en el Poder Judicial, pero ¿se supone que vamos a confiar en él para encargarle la decisión de ejecutar a alguien?; y (3) el costo asociado con la pena de muerte es enorme (US$114 millones solo en el estado de California) por la infraestructura necesaria para aplicarla y los costos de mantener al reo en prisión mientras se llega a una sentencia definitiva.

Entonces, ¿qué hacemos si estas alternativas no son viables? Aunque a muchas autoridades no les agrada la idea, las soluciones efectivas son de largo plazo. Una ley o un decreto supremo aprobado hoy no solucionará el problema mañana. Pero si queremos prevenir que nuestros niños no se conviertan en agresores sexuales, debemos brindarles educación sexual de calidad, que les enseñe a entender la sexualidad humana y entender qué es el consentimiento, y educación emocional, para que sepan manejar de manera saludable sus emociones, sean estas positivas o negativas. Si queremos prevenir que los agresores sexuales de hoy repitan sus delitos en el futuro, debemos reformar nuestro sistema penitenciario para que sea eficaz en reeducar, rehabilitar y resocializar a quienes se encuentran recluidos hoy.

Estas medidas sí tienen comprobada su eficacia. Un estudio de la Universidad de Columbia encontró que promover la educación sexual integral en la secundaria previno la violencia sexual en la universidad. Noruega tiene un sistema de prisiones que alienta la resocialización y reduce la reincidencia a menos del 20% (en el Perú no se tienen datos exactos sobre reincidencia). Con esta información, ¿por qué nuestras autoridades apuestan por medidas ineficaces?

Gabriela J. Oporto Patroni es abogada constitucionalista

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