12 meses después..., por Juan José Garrido Koechlin

El año que culmina ha sido uno de ambivalencias. Lo más resaltante, sin duda, fue la disolución del Congreso en setiembre. No obstante, dicho acto fue más el producto de un proceso que un hecho aislado.

Desde aquel fallido intento del fiscal Pedro Chávarry, a pocas horas del Año Nuevo pasado, por remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, el año estuvo marcado –en lo político– por la polarización en torno al Caso Lava Jato. El clímax llegó en abril, con el suicidio del expresidente Alan García, pero el listado no acaba allí: condenas (César Álvarez), prisiones preventivas (Susana Villarán, César Villanueva, árbitros y otros), arrestos domiciliarios (Pedro Pablo Kuczynski), nuevos testimonios y colaboraciones eficaces, reparación económica, entre otras piezas, signaron la lucha anticorrupción como el parteaguas de lo bueno y lo malo.

Así, la narrativa anticorrupción sirvió a propios y extraños a lo largo del año y seguirá haciéndolo en el 2020. Quien mejor aprovechó esta fue el presidente Martín Vizcarra cuando interpretó la ‘denegación fáctica’ de la cuestión de confianza solicitada por el ex primer ministro Salvador del Solar. Y si bien aún está pendiente la resolución de una demanda competencial en el Tribunal Constitucional, el hecho de que la ciudadanía apoyase masivamente la disolución se debió a la notoria sensación de atropellos y licencias que se producían en el Legislativo.

En lo económico, el año no pudo ser peor. Como señaló Roberto Abusada en su último artículo, el 2019 ha sido el de peor resultado desde el 2001 (descontando el 2009, año de la crisis financiera global). Detrás de tan magro crecimiento se entremezclan factores externos, como la guerra comercial entre EE.UU. y China, e internos, siendo estos últimos los de mayor impacto, como la pobre ejecución del presupuesto de inversión pública (59%), la desorientación en las políticas públicas, el incremento de la microrregulación y las señales de desatención a la inversión privada (Tía María).

En lo social, existen indicios para un balance positivo. Un repaso a las principales preocupaciones ciudadanas evoca un sentido de cambio hacia una sociedad más plural e inclusiva, más interesada por el uso de los recursos y de los espacios públicos, y más empoderada ante los excesos privados, sean personales o empresariales. Dichas preocupaciones, es cierto, no han derivado en cambios institucionales, pero marcan un derrotero.

Parece que, en conjunto, el 2019 podría marcar un punto de inflexión. Las elecciones de enero servirán, en cierta medida, para identificar el sentir ciudadano ante coyunturas críticas. El desarrollo institucional, ya sabemos, no se produce de manera lineal y progresiva, sino en base a progresos y retrocesos que derivan de la tensión y la resolución entre quienes promueven cambios y quienes desean mantener el statu quo. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, avanza gracias al respaldo ciudadano, aun cuando algunos líderes políticos, empresariales y mediáticos estén en contra. Pero hay más ejemplos: la lucha contra la violencia y la discriminación a la mujer, la consolidación de un arquetipo económico a favor del mercado, aunque informal, y otros, irán llevando a la ciudadanía a definir los liderazgos políticos y, con ello, las rutas de desarrollo institucional.