Los 15 minutos de Humala, por Andrés Calderón

“Humala, un presidente democrático” fue el optimista título de una columna de Augusto Álvarez Rodrich en “La República”, con el que mostraba su entusiasmo por el rechazo del presidente Ollanta Humala –a seis meses de iniciado su gobierno– a la abortada “ley mordaza”, promovida por Javier Bedoya y otros parlamentarios indignados por la difusión de los llamados ‘potoaudios’. Parecía un buen presagio el que se haya impedido la promulgación de una norma que hubiera obstaculizado y criminalizado la difusión de información de interés público. Pero una golondrina no hace un verano, y lo que siguió después nos demostraría que aquel destello no duraría mucho.

Los siguientes meses mostrarían diversos episodios en los que Ollanta Humala criticó a la prensa por no mostrar suficientes “buenas noticias” en sus programas, calificó a cierto sector de la prensa como “una vergüenza”, y llegó a amenazarlo al responder “no es ilegal … ahorita” a una pregunta sobre la adquisición de un medio de prensa por otro. Y se destapó que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se hacía seguimiento (el famoso reglaje) a opositores y periodistas incómodos.

La administración humalista también nos deja como herencia leyes que entorpecen y buscan intimidar la labor del periodismo de investigación. Ahí está, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales (promulgada en los últimos días del gobierno aprista) y su reglamento (gobierno humalista). Cargados de una serie de requisitos simplemente impracticables en un mundo digital e impensables para cualquiera que viva en el siglo XXI, estas normas ya han sido utilizadas para dañar el trabajo de quienes permiten un mejor acceso a información pública. 

Desde sanciones a una página web que permitía acceder más fácilmente al boletín de normas legales del diario oficial “El Peruano”, pasando por una sanción a Google por el solo hecho de hacer su trabajo (mostrar resultados de búsquedas), hasta una reciente denuncia a un medio digital por no pedir autorización a un vocal supremo para grabar su voz y hacer un reportaje sobre su patrimonio (¡pues, obviamente, un personaje investigado por la prensa va a dar alegremente su consentimiento!), la Autoridad de Datos Personales y el Ministerio de Justicia se han convertido en una nueva arma de intimidación contra la libertad de prensa.

O también el Decreto Legislativo 1129, que con el pretexto de fortalecer los sectores de Interior y Defensa contrabandeó un artículo que de manera excesivamente general establecía que “toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional” tienen carácter de secreto.
Una norma utilizada como parte de los argumentos de ataque del Ministerio de Defensa para denunciar a los periodistas de “Panorama”, por exponer en un reportaje las irregularidades en el manejo del presupuesto destinado a labores de inteligencia en el Vraem. 

Cierto es que el ministro Jakke Valakivi se salvó de una justificada censura solo por el pitazo que anunciaba el final de este Congreso. Pero su actitud ilustra muy bien la relación del gobierno humalista con la prensa, que se podría resumir en un “No te odio, pero tampoco me gustas”.

Si lo comparamos con Velasco, Fujimori, o incluso con el Humala candidato de la gran transformación, el presidente saliente sería el adalid de la democracia y la libertad de prensa. Pero superar ese estándar tan bajo difícilmente puede ser digno de laureles.

Así, mirado en retrospectiva desde el último día de su mandato, parece más bien que ese momento en el que Humala observó la ley mordaza fueron, precisamente, los ansiados 15 minutos de buenas noticias que regaló su gobierno a la prensa libre. Fue bonito mientras duró.