A cuidar la plata y la confianza

Después de haber ajustado a la baja sus pronósticos para la economía y el crecimiento de la inversión privada a fines de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cambió el tono esta semana y, más bien, celebró que la economía en febrero registró “su nivel de crecimiento más alto por encima de los niveles prepandemia”.

Ante la Comisión de Presupuesto, el ministro Óscar Graham explicó que el crecimiento en febrero había sido de 5,2%, comparando febrero del 2022 con febrero del 2019; es decir, un año antes de que el COVID-19 nos golpeara.

Como advirtieron varios economistas tras la publicación, si se comparaba febrero del 2022 con febrero del 2020 –un mes antes de la cuarentena– el avance era de solo 1,1%.

Este ‘juego’ con las cifras para obtener titulares puede parecer un detalle menor, pero muestra que el actual MEF no está siendo lo suficientemente cuidadoso para preservar unos de los requisitos más indispensables de un ministerio para dirigir la política económica del país: la confianza.

Lo vemos en la decepción que sienten los consumidores cuando van al mercado y encuentran que ni el pollo, ni el azúcar, ni los fideos, ni el pan han bajado de precio, como prometió el Gobierno.

Esta medida, diseñada por el MEF y aprobada por el Congreso supuestamente para bajar los precios en favor de quienes más lo necesitan, en ningún momento estuvo diseñada para eso, debido a que no resolvía cómo los comerciantes y productores iban a compensar el IGV que habían pagado por todos sus gastos y a que la altísima informalidad en nuestro país impedía que esta exoneración tenga algún efecto en los sectores de menores recursos.

El problema es que esta exoneración le costará S/390 millones al Tesoro Público que ya no estarán disponibles para financiar otras acciones que sí podrían beneficiar a los peruanos a los que la inflación golpea sin clemencia.

En total, como informó el propio Graham, todas las medidas tomadas para afrontar la inflación costarán S/2.060 millones, mientras la frustración de los ciudadanos sigue aumentando porque los precios no ceden.

El malgasto de los recursos públicos se hace más preocupante en el escenario actual, en el que las condiciones para obtener financiamiento en el mercado internacional y local están cambiando radicalmente. Los países desarrollados están empezando a elevar sus tasas de interés, haciendo sus seguros mercados más atractivos para los inversionistas, lo que podría generar que se incremente aun más el costo que tiene que pagar el Perú para financiarse en el extranjero.

En el mercado interno también le sería más difícil financiarse si se aprueba el proyecto de retiro de los fondos de las AFP. Es más, según el BCR, el rendimiento de los bonos soberanos –el costo que debe pagar el Perú por endeudarse– está subiendo más que en otros países de la región, empujado por el anuncio de que se evaluaría este retiro.

El alza del riesgo país también muestra que cada día generamos menos confianza en los inversionistas. Es claro que el MEF, así como no ha podido bajar precios, tampoco puede mejorar la confianza en medio del temor que genera este Gobierno, pero al menos debería apuntar a preservar la poca confianza existente y a no sumar razones para ya no creer ni siquiera en él.