A un año de un nuevo gobierno, por Gianfranco Castagnola

Los cuatro últimos años han parecido una eternidad. Hemos atravesado un período de intensa confrontación política donde se produjeron dos intentos de vacancia y una renuncia presidencial, un controvertido cierre del Congreso y la elección de uno nuevo –poco experimentado y con un peligroso sesgo populista–, con el telón de fondo de una profunda crisis política generada por las denuncias de Lava Jato, que sepultó a buena parte del elenco estable de nuestros partidos de este siglo, arrasó con parte de nuestro sistema judicial y trabó aun más la operatividad de nuestro disfuncional Estado. Increíblemente, la economía peruana, si bien fue inevitablemente afectada por todos estos acontecimientos, resistió: el PBI creció a un promedio de 3,2% entre el 2016 y el 2019. Sin embargo, la pandemia la doblegó, con sus efectos devastadores para la salud y la actividad productiva, agravados por una deficiente respuesta de las autoridades.

Los siguientes 12 meses son, como pocas veces, de importancia crucial para nuestro país. El Gabinete Cateriano está bastante mejor provisto que el anterior para el desafío de controlar la pandemia y, a la vez, reactivar la economía. Esto, tanto a nivel de las calificaciones personales de ministros clave –Salud quizás sea el caso más evidente– como del mayor alineamiento entre sus miembros, lo que debería evitar las divergencias que llegaron al obstruccionismo en el anterior. Asimismo, también se percibe un cambio en la relación gobierno-sector privado. De la amenaza de expropiación a las clínicas privadas a la declaración del primer ministro Cateriano de que la minería es un motor para la reactivación, hay una distancia considerable. Con frecuencia nos olvidamos de que quien genera riqueza, empleo e impuestos es la empresa privada.

Pero el ministro Cateriano también enfrenta otro inmenso reto: construir una relación funcional con el Congreso. Esto es, hacer política, labor en la que su antecesor mostró incompetencia. Ya ha dado primeros pasos para construir estos puentes. Es importante para la gobernabilidad del país en este último año, pero también para evitar que los impulsos populistas de distintos sectores del Congreso minen los fundamentos de nuestra economía y causen un daño que torne aun más difícil la recuperación de la actividad productiva. En esta materia, en los últimos meses hemos estado jugando con fuego.

Finalmente, el primer ministro tiene la tarea de encauzar las siguientes elecciones generales. Aún no se conocen sus reglas de juego ni se sabe quiénes serán sus protagonistas. Este nivel de incertidumbre es extremadamente peligroso para la democracia y la economía. Ojalá que en esta nueva etapa de relacionamiento Congreso-Ejecutivo se pueda avanzar pronto y por buen camino, algo ya bastante complicado por la distorsión que la pandemia genera en el proceso electoral en sí.

Tenemos mucho en riesgo. Si se cumplen los pronósticos del SAE de Apoyo Consultoría (caída de 14% en el 2020, rebote de 9% en el 2021), el PBI en julio del 2021 será 1,3% menor que el de agosto del 2016. No podemos desperdiciar otro quinquenio más; menos, destruir lo avanzado en el campo económico. Precisamente, este 8 de agosto se cumplirán 30 años del mensaje a la Nación del entonces primer ministro y ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller, en el que anunció un drástico programa de estabilización económica y remató con la apocalíptica invocación: “Que Dios nos ayude”. El ineludible ajuste impuso un tremendo sacrificio a la población, pero también sentó las bases para la total transformación de la economía. A lo largo de estos 30 años, sucesivos gobiernos mantuvieron las líneas de estas políticas en lo fundamental y cada uno de ellos hizo importantes avances. Gracias a esta perseverancia y consistencia poco vista en nuestra historia, el Perú gozó en este siglo de un crecimiento económico sin precedentes, que permitió reducir la pobreza de manera significativa. Ministros y funcionarios honestos impulsaron y mantuvieron esas reformas, enfrentando la resistencia, desde dentro y fuera del Gobierno, de intereses mercantilistas, populistas y muchas veces corruptos. Deberemos optar entre regresar a modelos que precisamente nos llevaron a la profunda crisis que hubo que corregir con el plan de Hurtado Miller, o perseverar en la actual ruta y, más bien, acelerar las reformas necesarias para superar los grandes retos del país en temas de institucionalidad política, funcionamiento del Estado y competitividad.