¿País ingobernable?, por Fernando Rospigliosi

El 1 de enero asumirán sus cargos los nuevos gobernadores regionales y alcaldes, planteando más problemas a los muchos que ya existen y que en algunos casos tienen estancado al Perú. En Puno, Walter Aduviri es un ejemplo de los desafíos que se avecinan.

El electo gobernador ya advirtió que no permitirá el “saqueo” de los recursos naturales en ese departamento, poniendo en la mira a dos empresas mineras canadienses, Bear Creek, que está por empezar a construir la mina de plata Corani con una inversión de US$585 millones, y Plateau Energy, que está explorando lo que podría ser una enorme mina de litio, metal muy solicitado hoy en día.

Aduviri dice que no se puede permitir que el litio corra “la misma suerte que el gas, que no nos beneficia en nada” (“Gestión”, 15/11/18). Con este tipo de necias afirmaciones demagógicas anuncia su disposición a bloquear lo que podría ser una extraordinaria posibilidad para Puno y el Perú entero.

La explotación del gas de Camisea permitió, junto con el auge de la minería, el más extenso y sostenido período de crecimiento y prosperidad que ha disfrutado el Perú en su historia. El desarrollo de los yacimientos de gas llegó en el momento preciso para producir energía barata en gran escala posibilitando la producción de las grandes minas, el crecimiento industrial, etc. Además de beneficiar directamente a cientos de miles de hogares y personas que tienen gas natural asequible en sus casas y vehículos. Por no mencionar los impuestos que pagan las empresas y que han llenado las arcas del Estado, de los gobiernos regionales y municipales (aunque por desgracia muchas veces robados o derrochados).

Pero esa grosera mentira de Aduviri la repiten muchos y casi nadie la refuta. Los políticos están muy ocupados tratando de lograr o impedir el asilo de Alan García, sancionar o apañar al manoseador congresista Moisés Mamani, incentivar o frenar la sangría de la bancada mayoritaria del Congreso, etc.

No se recuerda cómo a mediados del primer gobierno de Alan García, en 1988, una feroz campaña de las izquierdas –con similares argumentos a los que usa hoy Aduviri– contra la explotación del gas de Camisea por la gigantesca empresa anglo-holandesa Shell impidió que se utilizara ese recurso en ese momento. La Shell simplemente se fue después de haber invertido mucho en explorar y encontrar el gas.(Curiosamente, uno de los más activos opositores a Camisea de esa época logró entrar nuevamente al Congreso años después en la lista humalista con otra mentira de antología: el balón de gas a 12 soles).

Tuvieron que pasar tres lustros para –en una situación política distinta– poner en producción Camisea. No obstante, ahora nuevamente la exploración de hidrocarburos está casi paralizada sin que el gobierno –tampoco los anteriores– haga nada para reactivarla.

Aduviri ha logrado una carrera política que lo ha llevado a la gobernación regional como varios otros en las últimas décadas: promoviendo los conflictos, la violencia y el desorden. Se hizo conocido azuzando el ‘aymarazo’ en abril del 2011, contra el proyecto minero Santa Ana de Bear Creek, que estaba a punto de comenzar y que era apoyado por las comunidades circundantes.

Después de muertos y heridos, el gobierno de Alan García anuló irregularmente los permisos a la mina, que demandó al Estado Peruano. El fallo de hace unos meses establece que el Estado –los peruanos con nuestros impuestos– tiene que pagarle S/108 millones a la empresa.

Aduviri fue procesado por los disturbios que promovió y fue sentenciado a siete años de cárcel. Por supuesto, se escondió y no pasó un día en prisión. Tres días antes de la elección regional la Corte Suprema anuló el fallo. Está libre, impune y será gobernador para hacer lo mismo que antes pero investido de la autoridad que le da el cargo y los recursos a su disposición.

Un extraordinario ejemplo para otros inescrupulosos que deseen hacer una rápida carrera política y alcanzar puestos de gobierno.
Naturalmente, Aduviri no se ha pronunciado contra las verdaderas amenazas que hacen de Puno una región prácticamente fuera de control: el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

¿Cómo va a lidiar el presidente Martín Vizcarra, al que solo parece preocuparle su popularidad, con estos problemas que amenazan la gobernabilidad?

Finalmente, ¿por qué los peruanos debemos pagar por las tropelías de Aduviri? ¿No existe la posibilidad que se le descuenten los S/108 millones que hay que pagar a Bear Creek de las transferencias que le hace el Gobierno Central a Puno? ¿O algún mecanismo sucedáneo?