:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/782df3f0-ebd1-4b3b-b362-dcd9d455ab11.png "Paola Villar S.")
La semana pasada, además de la reforma del sistema de pensiones (que se aprobó en el pleno considerando iniciativas cuestionadas, como la pensión por consumo), el Congreso nos dio algunas otras novedades económicas que no deben pasar desapercibidas. Con 12 votos a favor, la Comisión de Economía dio luz verde a una propuesta que plantea modificar la Ley del Impuesto a la Renta (IR), para ampliar la lista de gastos deducibles a los que ya acceden los trabajadores independientes y dependientes que se encuentran en cuarta y quinta categoría. Según la autora del proyecto, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), el objetivo es otorgar nuevos beneficios a la “clase media” local y, a la par, aumentar la formalización en el ámbito nacional.
A simple vista, la propuesta es interesante: el proyecto –que aún debe pasar por el pleno– busca añadir siete nuevos gastos a los que los contribuyentes de cuarta y quinta categoría ya pueden deducir de su declaración anual de IR, sin elevar el tope, que asciende hasta las tres UIT anuales (S/15.450). Pero, si analizamos algunas de las deducciones propuestas y el contexto vigente en el que se buscan otorgar, surgen dudas y cuestionamientos que no parecen haber sido abordados seriamente por los 12 parlamentarios que apoyaron la iniciativa.
Un primer punto se cae de maduro: ¿por qué, en un país donde a lo mucho tres de cada diez peruanos pagan impuestos, es prioridad para un sector del Congreso que se den beneficios que afectarían aún más nuestra bajísima recaudación fiscal? En lugar de propuestas que tengan estos objetivos, o que permitan ensanchar la base tributaria vigente, la Comisión de Economía se ha enfocado en una medida que, lejos de ser urgente, tendría una afectación anual cercana a los S/1.500 millones, según estimaciones del propio Ministerio de Economía (El Comercio 7/6/2024). ¿No debería el Congreso enfocarse quizás en medidas que permitan mejorar estos indicadores, como la lucha contra la evasión y elusión tributaria?
Por este aspecto, el contexto bajo el que se deben analizar estas propuestas es importante: en el 2023 los ingresos tributarios del país cayeron un 6,7%, en medio de malos resultados económicos; y en los primeros cuatro meses de este año, esos mismos ingresos se han mantenido en rojo. A ello debe añadirse que la presión tributaria en el Perú llega a apenas el 14,6% del PBI, lo que nos mantiene como uno de los países con los peores niveles de recaudación tributaria en América Latina. A estas alturas, el país está lejos de un contexto en el que sobre la plata. ¿Es oportuno, entonces, proponer más deducciones que sigan afectando esos ingresos?
Pero, además de este punto, la Comisión de Economía tampoco ha reconocido en el debate para aprobar esta iniciativa que algunas de las deducciones planteadas no tienen mayor sustento económico. ¿Qué sentido tiene añadir una deducción de los aportes mensuales a las AFP o a una ONP de cara al sistema tributario? ¿Qué clase de objetivo de formalización se concretaría gracias a ese “beneficio”? ¿O qué sentido tendría permitir la deducción por la compra de pasajes aéreos, uno de los sectores más formales de la economía?
Se ha dicho mucho con anterioridad, pero siempre es bueno recordarlo: la poca seriedad y la ausencia de análisis del impacto que pueden tener diversos proyectos de ley en el Congreso, especialmente en el ámbito económico, nos costará –a la larga– mucho más caro de lo que algunos piensan.
