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El Gobierno no tiene estrategia para enfrentar la epidemia. Insiste en los controles ciegos. Prolonga, por ejemplo, la inmovilización social los domingos, como si eso resolviera el problema.
El control ciego no funciona. Impide que se reconozca la responsabilidad individual. El fallecimiento de 13 personas en la Disco-bar Thomas, en Los Olivos, es un caso emblemático.
Ese local no debió tener licencia de nada. Su escalera y puerta no podían ser aprobados para ningún uso, ni comercial ni particular.
Hay responsabilidad del propietario y del inquilino, pero también de la municipalidad. Esta conocía el local y no ejecutó la clausura definitiva. ¿Se ha hecho algo por exigir esa responsabilidad?
También el organizador del evento es responsable. Y, por supuesto, los asistentes.
Las muertes, sin embargo, no se produjeron por la fiesta, por el COVID-19, ni por los negligentes fiesteros. Las muertes se produjeron por una lamentable impericia policial.
El ministro del Interior nos contó, el domingo pasado, que “se cerró la puerta” (“Cuarto poder”). Pero la puerta no “se” cerró. La cerraron para que no escaparan.
Un video que publicó “América Noticias” este fin de semana muestra a un policía al lado de la puerta, cerrada, cuando están alineando a las mujeres en la escalera.
Los policías no tuvieron la intención de matar a nadie, pero sucedió. Se trata de una impericia policial que costó la vida de 13 personas.
El ministro del Interior, Jorge Montoya, no nos contó la verdad de los hechos. Dijo que las mujeres “se agazaparon” y que comenzaron a “escapar” por las escaleras.
El general Montoya también explicó que unos sujetos lanzaron botellas a la policía y que bajaron por las escaleras aplastando a las mujeres.
El ministro aseguró que se habían seguido todos los protocolos y aseguró que “en ningún momento la policía cerró la puerta”.
Al ministro le contaron un cuento. Debió esperar el resultado de las investigaciones para dar una versión oficial. Desvió la atención de la responsabilidad de uno o dos policías a la de los grupos de infractores de las medidas sanitarias.
La autoridad política buscó culpables grupales de la epidemia. Recurrir al bulto de la fiesta impide identificar a los responsables y sancionarlos, en lo que corresponda, individualmente.
Lo mismo sucede con el control de la epidemia en general. A los irresponsables que se reúnen sin medidas de seguridad los llevan a las comisarías y les ponen una multa condescendiente.
¿Se exige el pago de esa multa? ¿Tenemos, siquiera, un registro de los irresponsables?
Un amigo sugiere hacer ese registro de infractores y pasarles la cuenta de las camas UCI de las que, en última instancia, son responsables. Eso sería, no solo lo justo, sino, también, lo ejemplar.
En Taiwán el Ejecutivo propuso elevar las sanciones a los infractores a un máximo de 5 años de prisión (actualmente es de 2). Las multas las quiere pasar de un máximo de US$66 mil a más de US$130 mil.
¿Qué proyecto de sistemas de ejecución de las multas y sanciones ha enviado el Ejecutivo al Congreso en el Perú? Nuestro Gobierno no trata de sancionar responsabilidades individuales. Trata de responsabilizarnos a todos, al bulto.
Al bulto, es claro, nada funciona.
