Giulio Valz-Gen

La última Encuesta del Poder, elaborada por Ipsos Perú para “Semana Económica”, trae varios datos interesantes respecto de la percepción de la ‘élite’ local.

Lo primero que hay que decir es que esta no es una encuesta de opinión pública, pues se aplica solo a ciertas autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, líderes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales (224 encuestados). Como ciertos sectores andan obsesionados con las élites (y suelen acusarlas de casi todos los problemas del país), qué mejor ejercicio que tomar la temperatura de lo que están pensando en este momento sobre nuestra ajetreada política.

El primer gran dato es el empate entre la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, con 85% cada uno, respecto de quién es la persona más poderosa del país. Este ránking suele ser liderado por el presidente y los primeros ministros aparecen en los primeros lugares, pero no recuerdo que hayan llegado a la punta.

Considero que la visión de los encuestados es la correcta, pues el binomio Boluarte-Otárola es el que gobierna el Perú. Es más, algunos piensan que es más Otárola que Boluarte (y quizá tengan razón), pero olvidan que, con una sola firma, ella puede quitarle el cargo en un segundo.

No veo problema con tener un primer ministro poderoso. De hecho, recordemos que en los tiempos de Alejandro Toledo y Pedro Castillo muchos pedían una figura fuerte en la PCM para suplir sus carencias políticas y de gestión. Compartir el poder no es algo malo. Al final, es la presidenta quien ha decidido delegarlo públicamente en el líder de su Gabinete y hacer suyos los aciertos y desaciertos de su primer ministro.

La relación entre Boluarte y Otárola viene con la lógica abogado-cliente. Otárola ya había representado a la entonces vicepresidenta y titular del Midis en el caso por las firmas en el Club Departamental Apurímac por el que el Congreso, tranquilamente, podría haberla inhabilitado si es que ella (y luego él) no pactaban con el Parlamento.

El primer ministro es un político más curtido que Boluarte y, probablemente, con mayor proyección para el futuro. Pero el destino de ambos estará ligado por siempre (que es lo que duran los juicios en el Perú). Las acusaciones por presuntas violaciones a derechos humanos que enfrentan debido a las muertes en las protestas de diciembre y enero determinan la necesidad de tener una estrategia común de defensa y algún tipo de cercanía. Cada uno sabe lo del otro. Una pelea entre ambos solo debilitaría su posición y podría tener impacto en el proceso. Seguramente, cuando llegue el momento de su divorcio político, este será en los mejores términos.

¿A la presidenta le incomodará el protagonismo de su primer ministro? No tengo la respuesta, pero ella debería ser consciente de la situación. No creo que el resultado la sorprenda mucho, aunque el ego de los políticos (y varios otros) puede tener alcances insospechados.

Hay una mayoría que desaprueba a la presidenta (65%) y eso no es un dato menor. No es el 76% que la rechaza a nivel de opinión pública, pero tampoco está tan lejos. Que haya existido cierto entendimiento entre varios sectores para resistir el desastre que trajo Pedro Castillo no significa que ahora exista un apoyo mayoritario a la mandataria ni mucho menos que las élites estén cogobernando con ella. Las carencias del Gobierno (justamente del binomio) y su falta de norte son cada vez más evidentes y se sienten en el día a día de todos. Si no hay un giro de timón pronto, ese rechazo solo irá en aumento.

Giulio Valz-Gen es socio de la consultora 50+Uno