Federico Salazar

El exministro habría participado directamente en el esquema de corrupción del expresidente. Lo indica el testimonio de un colaborador eficaz de la fiscalía. Torres habría tenido reuniones con algunos ministros, después de los Consejos de Ministros. El propósito era pedir fondos para defender a Castillo y sus familiares de las acusaciones (de corrupción).

La imputación no es directa. Corresponde a un dicho de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.

Robert López López habría sido designado director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). El objetivo: buscar empresas que quisieran participar en obras a cambio de coimas.

López López obtuvo el puesto por indicación de Segundo Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea. Sánchez está prófugo por señalamientos en otros casos de corrupción y copamiento del Ministerio de Vivienda.

Según la tesis fiscal, Sánchez infiltró a López con conocimiento y aprobación del jefe del Estado de entonces, Pedro Castillo. Debió obtener, además, la venia del entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Este caso de la corrupción en la ARCC debe sumarse a los del Ministerio de Vivienda, Sedapal, Sunarp, Sencico y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Como en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el propósito era doble: robar millones de soles y cooptar las instituciones.

Asegurar los bolsillos y el gobierno no eran objetivos separados. Se trataba de comprar voluntades y, así, obtener rédito de la corrupción.

Castillo y Torres usaban los Consejos de Ministros descentralizados para azuzar, enfrentar, crear resentimiento y obtener apoyo político.

Aníbal Torres, cuando era asesor de Perú Libre antes de que Castillo asumiera la presidencia, dijo que correrían “ríos de sangre”. Luego, ante el Congreso, a inicios de este año, explicó que eso fue una “predicción”, no una amenaza.

Aníbal Torres hizo otra “predicción” en febrero de este año: si la situación continúa –dijo– se podría desatar una guerra civil”. Lo decía, pretextó, “para que no pase”.

Las admoniciones de sabor veterotestamentario tienen una finalidad: deslizar amenazas, provocar el miedo, mostrar el poder. Esa fue la característica de Aníbal Torres durante el gobierno de Pedro Castillo.

Las sindicaciones contra él en la investigación sobre corrupción no llaman la atención. Ponen en contexto la agresividad verbal y “leguleyera” del exministro.

Es conocida ahora la extendida corrupción que se canalizó a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora estamos conociendo, poco a poco, la trama corrupta y corruptora que se tejió en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para obtener millones y millones de soles.

El exministro Juan Silva está prófugo. El exministro Geiner Alvarado cumple prisión preventiva. Alejandro Sánchez Sánchez, el amigo de Pedro Castillo, figura como no habido.

Este es el círculo en torno a Pedro Castillo vinculado a las coimas y las cooptaciones. Aníbal Torres no pertenece a este ámbito. Su trabajo estuvo en el ámbito político y, según el último testimonio conocido, en la colección de fondos para la “defensa” del expresidente y sus familiares.

Estos distintos ámbitos son parte de la organización para favorecer a Pedro Castillo.

El cuento del campesino que gobernaba para los pobres fue esto: dinero ilícito para el bolsillo y para la “revolución”.

Federico Salazar es periodista

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