Apuntes sobre 12 días de violencia política

Estamos enfrentando la peor asonada de violencia de la que tenga recuerdo y ya se puede señalar a los principales responsables con bastantes evidencias.

Lo son, en primer lugar, los que han instigado estas acciones soñando que el día de su revolución había llegado. Múltiples fuentes coinciden en que el Movadef es uno de los actores importantes; sobre todo, en el sur del país.

Por mi parte, puedo dar fe de que en la huelga del Sutep-Conare (brazo magisterial de Sendero Luminoso) que dirigió Pedro Castillo en el 2017 ocurrieron múltiples actos organizados de violencia extrema en el sur del país, como la toma de aeropuertos, el ataque a instalaciones estratégicas y la destrucción de propiedad pública y privada que se parecen como dos gotas de agua a los que estamos enfrentando hoy.

Pedro Yaranga, uno de los mejores investigadores sobre Sendero Luminoso y el Vraem, señaló en una entrevista en “Perú 21″ sobre la toma del aeropuerto en Ayacucho que “allí el que dirige es el exministro de Trabajo Iber Maraví”. Por si no lo recuerdan, numerosos atestados lo sindican como senderista desde inicios de los 80, estuvo vinculado a atentados terroristas de entonces y más tarde al incendio de la sede del Gobierno Regional de Ayacucho. Sigue Yaranga: “Él organiza, pero no participa porque es conocido. La policía sabe que él mandó a los jóvenes a atacar el aeropuerto”.

Pero el problema es mucho más grave, porque resulta cada vez más evidente que la violencia ha sido, en muchos casos, operativizada por mineros ilegales (Chao, Ica, Chala, Islay y Camaná). En Andahuaylas, diversas fuentes coinciden en que la ciudad fue tomada por los comuneros de Huancabamba, donde campea la minería ilegal.

Además, se ha visto la participación y financiación de los narcos. Empezando por la violencia en la provincia de Chincheros, salida sur de la droga del Vraem. Allí se produjo un enfrentamiento en el que hubo tres muertos y cuatro policías heridos de bala, dos de ellos están en cuidados intensivos. Días después, decenas de camionetas 4x4 entraron ostentosamente a Lima desde allí como para no dejar dudas del rol que han jugado los narcos en esto. ¿Qué narcos? Yaranga en la misma entrevista sostuvo que son los del Vizcatán del Ene, donde el cártel de la droga es manejado por los remanentes de Sendero Luminoso.

La policía y el ministro Alberto Otárola han señalado como principal instigador al congresista Guillermo Bermejo, notorio promotor de los bloqueos violentos de los mineros ilegales en Ica. Pero, mucho más importante, con décadas como defensor de la coca ilegal en el Vraem y que está enjuiciado por su vinculación con los Quispe Palomino.

Por su parte, Pedro Castillo no solo es culpable de la preparación de un zarpazo autoritario que tenía como propósito principal garantizarle impunidad frente a la abundancia de evidencias de sus corruptas acciones y que fracasó por su habitual incompetencia hasta para lo malo, sino que también, desde la prisión preventiva, sigue instigando con el mismo objetivo, sin importarle un comino los muertos que ello vaya suscitando. Así, el exmandatario mantiene la esperanza de no terminar sus días en la cárcel.

Hay también una enorme responsabilidad de los que en el Congreso quieren reescribir la historia (y sus votos en la vacancia) para colocar a Castillo como víctima. El hecho de que mucha más gente se haya creído algo tan absurdo y lejano con la realidad tiene mucho que ver, también, con que los presidentes de México, Bolivia, Colombia y Argentina, con una irresponsabilidad y prepotencia que los peruanos nunca deberíamos olvidar, hayan sostenido tan grotesca mentira. En su caso, con el agravante de que están perfectamente bien informados sobre lo que ocurrió.

Ante una situación así es indispensable el estado de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el Gobierno ha debido liderar la participación de las FF.AA. y de la PNP en el enfrentamiento contra la asonada. Hay toda una dimensión política que se puede perder si los ministros de Defensa e Interior se limitan a dar su apoyo incondicional (sic) a las FF.AA. (en la práctica, soplándoles la pluma) sin asumir su responsabilidad como gobierno de definir la mejor forma de actuar en cada circunstancia.

Poner a las FF.AA. en la primera línea del enfrentamiento contra los más violentos fue caer en una provocación cuidadosamente planificada por los promotores que exponen la vida (la de otros, por supuesto). Los soldados van armados con fusiles y, agredidos, tienden a reaccionar usándolos. Con la policía al frente y las FF.AA. como soporte de retaguardia, hay muchas más opciones de acción y mucha experiencia acumulada sobre cómo se debe reprimir asonadas violentas, disminuyendo así el riesgo de que vidas humanas acaben perdidas.

Aun con la complejísima situación en que ocurrieron, las muertes de los más de 26 peruanos fallecidos merecen mucha mayor explicación de la que el Gobierno ha dado y deben de ser investigadas. Está bien que la justicia militar haya desmentido a la presidenta Boluarte y señale que esta última tarea no les corresponde a ellos.

En esto la democracia tiene que demostrar su absoluta superioridad sobre los extremistas violentos que, sin importar cuántas personas mueran, quieren usarlas para promover regímenes totalitarios.