Aquí no hay quien gobierne, por Alejandra Costa

Marzo ha sido un mes que nos ha dejado una serie de claridades sobre las incapacidades del gobierno de Pedro Castillo, que ya ni sus más férreos defensores pueden negar.

La ineptitud que había demostrado para solucionar los conflictos mineros y evitar pérdidas millonarias al país por la caída de las exportaciones de cobre es la misma torpeza con la que ha manejado el paro de transportistas, que en cinco días ha generado focos de violencia en ciudades como Huancayo y una fuerte caída del abastecimiento de productos en varios puntos del país.

Esto, aunado a la fuerte alza de los combustibles y otros productos importados que ha causado la menor oferta global por la invasión de Rusia a Ucrania, han hecho que la inflación en marzo se dispare a 1,48% en Lima Metropolitana, la más alta desde 1996.

Aunque es poco lo que se puede hacer desde el Ejecutivo para calmar la inflación y lo que se puede hacer es altamente costoso para el fisco –como reducir el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles o entregar bonos en contra de los esfuerzos del BCR para controlar la demanda–, lo mínimo que deberían hacer los ministros es empatizar con los hogares peruanos que sufren el incremento de precios en un contexto en el que su capacidad adquisitiva sigue muy por debajo de los niveles prepandemia.

Por el contrario, el primer ministro Aníbal Torres no tuvo mejor idea que pedirles a los peruanos que dejen de comer pollo, cuyo precio subió 8% en marzo, y que consuman jurel, pese a que este también se encareció casi 7%, según el INEI. ¿Qué pueden hacer las familias que ya comían jurel y ahora no pueden pagarlo? El gobierno del pueblo no lo explica.

Asimismo, los terribles criterios para nombrar a funcionarios clave y la pérdida de la capacidad de gestión en el Estado se reflejó en la decisión de la agencia calificadora de riesgo S&P de rebajar la nota de Petro-Perú a nivel de bonos basura.

Los problemas en los que sigue hundida la petrolera estatal se deben a que el directorio y la plana gerencial no pudieron auditar los estados financieros del 2021 a tiempo para enviarlos a los inversionistas que tienen en sus manos bonos y créditos sindicados de Petro-Perú por US$4.300 millones, una tarea que debería ser de rutina para una empresa de esa magnitud. El cambio de directorio podría abrir una puerta a la esperanza, pero hay poco que indique que vayan a enmendar realmente el rumbo.

Finalmente, la posibilidad de un incremento del sueldo mínimo nos recuerda, una vez más, que el populismo es más importante para el gobierno que los esfuerzos de las micro y pequeñas empresas por mantenerse en la formalidad y seguir a flote.

La otra claridad que nos deja marzo, sin embargo, es sobre la oposición. Fracasado el segundo intento de vacancia por incapacidad moral en el Congreso, no queda claro si existe luz al final del túnel o si estamos condenados a que la incompetencia de Pedro Castillo y los que lo rodean serán la cruz que tenga que cargar el Perú hasta el 2026.